El reporte, elaborado por la oficina del Inspector General del Departamento de Estado, documenta posibles infracciones en el marco de las Leyes Leahy, que prohíben la entrega de ayuda militar estadounidense a fuerzas extranjeras implicadas en crímenes graves contra los derechos humanos. El documento, concluido previo al acuerdo de alto al fuego entre Israel y la resistencia palestina, señalaba un patrón de abusos sistemáticos contra la población civil palestina.

Entre los casos graves que incluye la documentación clasificada se encuentran el asesinato de siete trabajadores humanitarios de World Central Kitchen en abril de 2024, y la masacre que se cobró la vida de más de 100 palestinos cerca de camiones de ayuda en febrero de 2024.

Además, se menciona el homicidio del ciudadano estadounidense Omar Assad en Cisjordania ocupada en 2022, evidenciando un patrón de violencia que la ayuda militar estadounidense sigue financiando.

La documentación secreta, no disponible al público, levantó preocupaciones sobre la efectiva rendición de cuentas. Charles Blaha, exdirector de la oficina encargada de aplicar las normas, señaló la preocupación por el posible “olvido” de la rendición de cuentas, advirtiendo que las investigaciones oficiales sobre estas violaciones podrían tardar años, lo cual reduce significativamente la posibilidad de justicia para las víctimas.

Un aspecto central revelado por exfuncionarios estadounidenses es el “trato más flexible” otorgado a Israel en comparación con otros países. Este protocolo especial, denominado Foro Leahy de Escrutinio de Seguridad Especial en Israel, exige un consenso inusual entre varias agencias de EE.UU. antes de declarar a cualquier unidad sionista como “no elegible” para recibir la multimillonaria ayuda militar.

Pese a la existencia de pruebas que sugieren crímenes graves, el informe revela que Estados Unidos nunca ha retenido ayuda a ninguna unidad israelí y continúa participando activamente del genocidio del pueblo palestino.

Josh Paul, un exfuncionario crítico de la política de Washington en Medio Oriente, denunció esta indulgencia, destacando que la Administración de Donald Trump mantiene la cooperación militar con Tel Aviv y ha evitado sanciones contra el gabinete del criminal de guerra Benjamín Netanyahu.

(Con información de Telesur)

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La misiva enviada el pasado 15 de septiembre por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, incluyó a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y narró los hechos ocurridos el 12 del propio mes contra un barco pesquero de bandera venezolana.

Rodríguez publicó este miércoles en Telegram la carta en la cual reseñó que la embarcación Carmen Rosa fue interceptada “de manera ilegal y hostil” por un destructor de la Armada estadounidense, identificado como USS Jasan Dunham (DDG-109).

Indicó que el buque navegaba a 48 millas náuticas al noreste de la isla La Blanquilla, en la ZEE venezolana.

La también ministra de Hidrocarburos precisó que el destructor estadounidense estaba equipado con armamento de guerra, “incluidos potentes misiles de crucero, y estaba tripulado por efectivos militares altamente entrenados.

El pesquero” no transportaba armas de ninguna naturaleza y era tripulado por nueve humildes pescadores atuneros”, comunicó.

Precisó que, tras la ilegal intercepción, el navío de guerra estadounidense desplegó 18 efectivos militares con armas largas que “abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación durante ocho horas.

Los pescadores venezolanos fueron privados de libertad, impedidos de comunicarse y del normal desenvolvimiento de la faena autorizada de pesca de atún, así como en “ningún momento se notificó esta operación a Venezuela”, como país de bandera de la embarcación, detalló.

La vicegobernante manifestó que esta operación de un buque de guerra con personal militar de comando contra una embarcación pesquera civil, “resulta en un acto claramente desproporcionado, que vulnera las reglas y principios que rigen las operaciones de control de la navegación marítima”.

Además de atentar contra el libre ejercicio de la actividad pesquera y los derechos humanos de los nueve trabajadores pesqueros involucrados, incluidos sus derechos a la libertad e integridad personal.

Rodríguez destacó la larga trayectoria y experiencia de pesca de su país en aguas del Caribe y consideró “inaceptable que pretenda obstaculizarse su actividad productiva y desarrollo económico mediante operaciones injustificadas y claramente contrarias a derecho”.

Finalmente, remarcó en la “grave violación” cometida por autoridades de Estados Unidos y demandó “un firme pronunciamiento de condena” contra este acto de hostilidad y agresión contra pescadores venezolanos que impacta negativamente en el ejercicio de la actividad económica de la pesca y el resguardo de los derechos.

Fuente: Prensa Latina

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