Al debate y aprobación de la Ley «Del ejercicio de la abogacía y la organización nacional de bufetes colectivos», dedicaron los diputados cubanos la sesión de la mañana de este viernes en el IV Período Ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
«Del ejercicio de la abogacía y la organización nacional de bufetes colectivos», es de aplicación a todos los juristas que ejercen la representación, defensa y asesoramiento jurídico de las personas, ya sea en el ámbito de la abogacía como en el espacio de los bufetes colectivos.
Para introducirla, el titular del Ministerio de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, refirió cómo su redacción y diseño «sitúa a Cuba entre los estados que regula esta actividad mediante una norma jurídica de rango superior».
Asimismo detalló a los parlamentarios la relevancia de plasmar en el documento las misiones y principios del ejercicio de la abogacía, «en pos de evacuar consultas y dirigir, asesorar, representar y defender los derechos e intereses de personas naturales o jurídicas ante los tribunales de justicia, los órganos de arbitraje, los organismos administrativos, y las entidades o personas públicas y privadas; o ante situaciones de hecho o derecho que requieran la actuación de un abogado, en el territorio nacional, así como ante los órganos, organismos y organizaciones extranjeras o internacionales».
«Es necesario actualizar las disposiciones normativas que rigen la actuación de nuestra institución en el ejercicio de la abogacía, y en la labor especifica de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos -aseguró- para alcanzar un ejercicio más eficiente de la profesión, que contribuya, sin dudas, a la materialización del derecho a la defensa de las personas con mayor garantía».
Aspectos como los principios rectores y valores de la profesión agruparon aquí parte de las intervenciones de los diputados, que desde las provincias coincidieron en la importancia de la ética en el actuar diario de esta actividad, y ponderaron la premisa de que el ejercicio de la abogacía se ejerza siempre con apego a la Constitución y a los principios generales del Derecho, respetando las garantías procesales y la salvaguarda de la realización efectiva de la justicia.