En un ambiente cargado de tensión política y social, Keiko Fujimori asumió la presidencia del Perú, marcando el regreso del fujimorismo al poder tras más de dos décadas de ausencia en el Ejecutivo. Su llegada no solo representa la continuidad de un legado político, sino también la profundización de una fractura que divide al electorado peruano.
Un país polarizado
La elección de Fujimori se dio en medio de un escenario de polarización extrema. Por un lado, sectores que ven en ella la posibilidad de estabilidad económica y un liderazgo firme; por otro, ciudadanos que asocian su apellido con el autoritarismo, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori. Las calles de Lima y otras ciudades se llenaron de manifestaciones tanto de apoyo como de rechazo, reflejo de un país dividido en dos visiones irreconciliables.
El regreso del fujimorismo
El retorno del fujimorismo al poder genera interrogantes sobre el rumbo institucional del país. Para sus simpatizantes, Keiko representa la oportunidad de retomar políticas de orden y crecimiento económico. Sin embargo, críticos advierten que este regreso podría significar un retroceso en materia de democracia y transparencia.
La resistencia hacia Keiko Fujimori es palpable. Amplios sectores sociales, organizaciones de derechos humanos y movimientos juveniles han expresado su rechazo, ya que temen que su gobierno reproduzca prácticas cuestionadas del pasado. La consigna “Nunca más dictadura” resonó en las protestas, lo cual evidencia que la memoria histórica sigue viva y que la legitimidad de su mandato será constantemente puesta a prueba.
Durante los años de gobierno de Fujimori, se implementaron campañas de esterilización forzada, especialmente en comunidades indígenas y rurales, que afectaron a miles de mujeres sin su consentimiento.
De los 27 millones de ciudadanos habilitados para votar en Perú, unos 2,8 millones respaldaron a Fujimori en la primera vuelta, lo que equivale a cerca de una décima parte del padrón electoral. En el balotaje, su apoyo creció hasta alcanzar 9,2 millones de votos, aproximadamente un tercio del electorado. La diferencia frente al candidato de Juntos por el Perú, el representante de la izquierda Roberto Sánchez, fue mínima: apenas 49.641 sufragios, menos del 0,3 % del total emitido. El proceso electoral estuvo marcado por denuncias de irregularidades y cuestionamientos sobre su transparencia.
Detrás de estas cifras se refleja una crisis de representatividad que arrastra el país desde hace años, donde el voto suele funcionar más como un castigo al adversario o como la elección del mal menor que como un respaldo genuino. El primer gran reto de la nueva mandataria se presentará en el Parlamento, instancia que será clave para definir la estabilidad de su gobierno.