La Comisión Permanente del Congreso de Perú archivó una denuncia constitucional contra la presidenta interina, Dina Boluarte, y exministros de su Administración por su responsabilidad en los muertos y heridos como resultado de la represión policial en las recientes protestas antigubernamentales, informa la prensa local.
La denuncia también incluía al expresidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo, el exministro de Defensa y actual jefe del Gabinete Alberto Otárola, y el exministro del Interior César Cervantes.
Según RT, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró en mayo improcedente la denuncia, argumentando que durante las protestas sociales hubo actos de violencia contra las fuerzas del orden y en perjuicio de la infraestructura pública.
Se ha señalado que existe un marco legal para la respuesta de las fuerzas militares y policiales durante los estados de emergencia. Pero, los hechos recogidos en la denuncia constitucional están en proceso de investigación en el Congreso y el Ministerio Público, por lo que todavía no se ha determinado la responsabilidad de ningún funcionario.
Las protestas que estallaron el 7 de diciembre del año pasado y continuaron hasta febrero, dejaron un saldo de 67 muertos.
La congresista Sigrid Bazán, criticó la decisión de la Comisión Permanente del Congreso durante su intervención en la sesión legislativa de las últimas horas. Citó los testimonios de un policía quien admitió que en la ciudad de Juliaca se usaron fusiles de asalto y que los agentes de seguridad fueron armados «como si de una guerra se tratara».
El 7 de diciembre, la entonces primera vicepresidenta, Dina Boluarte, se convirtió en la primera mujer en cruzarse la banda presidencial de Perú. En vez de convocar a elecciones inmediatas, ella solicitó “tiempo para rescatar al país de la corrupción y el desgobierno, y una tregua para instalar un Gobierno de unidad”.
Más que una mandataria de transición, desde el primer momento habló como una jefa de Estado decidida a concluir el mandato en 2026, pero las protestas desatadas desde su primer día la obligaron a presentar un proyecto de ley para adelantar los comicios generales al 2023.
En declaraciones a la BBC, el politólogo Eduardo Dargent, aseveró que esa actitud de Boluarte trazó las tensiones de días de violencia por los enfrentamientos en las calles. “No entendió el momento histórico. Pudo hablarle al sector que votó por ellos. Pero pensó en quedarse y cargará con esa responsabilidad por el resto de su vida. El costo ha sido enorme. Tenemos una herida nacional”, destacó en referencia al saldo que han dejado las protestas: 67 fallecidos, once civiles por el bloqueo de vías y siete miembros de las fuerzas del orden) y más 1.335 heridos (972 civiles, 337 policías y 26 militares).