En la encuesta de Reuters/Ipsos, el índice de aprobación de Trump se situó en el 32 por ciento, el más bajo de su segundo mandato y, según Reuters, un mínimo histórico en toda su carrera política.

Este nuevo índice de aprobación supone un descenso de 15 puntos con respecto al 47 por ciento que tenía al comienzo de su segundo mandato, según la misma encuesta.

La encuesta de Reuters/Ipsos también situó el índice de desaprobación de Trump en el 66%, un aumento de 25 puntos porcentuales desde el inicio de su segundo mandato en la Casa Blanca.

Este bajo índice de aprobación se produce en un momento en que el presidente y los republicanos se enfrentan a un panorama político complejo debido a la impopular guerra con Irán y a las preocupaciones en torno a temas como la economía y la inmigración, mientras el control del Congreso está en juego en las elecciones de noviembre.

(Con información de Reuters)

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Los afectados por estas nuevas medidas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro están asociados al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), antes sancionado por la actual administración.

Ahora el castigo se extiende al presidente del ICAP, Fernando González, la vicepresidenta primera del organismo, Noemí Rabaza, y su directora para Norteamérica, Leima Martínez.

Entre las entidades están Acinox Comercial, Geominsal, Metalcuba y Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, así como el Ministerio de Construcción y la Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales SA.

Igualmente se incluyen en esta batería de sanciones Coratur SA, Transimport y Consumimport, tres empresas del Grupo Empresarial del Comercio Exterior (Gecomex), que fue penalizado por Washington.

Según una hoja informativa difundida aquí, estas designaciones se fundamentan en el calumnioso informe del Departamento de Estado del 20 de julio titulado ‘Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI’.

El texto subrayó que “todas las partes sancionadas hoy por el Departamento de Estado han sido designadas en virtud de la Orden Ejecutiva (O.E.) 14404”.

Como parte de su hostil política hacia Cuba, Estados Unidos había anunciado el pasado 6 de agosto sanciones a cinco entidades estatales y ocho funcionarios de la isla.

Estados Unidos mantiene una política de máxima presión sobre el país caribeño en su intento de lograr un cambio de régimen, para lo cual ha recrudecido de forma brutal el bloqueo de hace más de seis décadas.

La extraterritorialidad de ese cerco unilateral -condenado en más de 30 ocasiones en la Asamblea General de ONU- persigue a terceros países, empresas y personas que mantengan vínculos legítimos con Cuba.

Fuente: PL

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Desde entonces y hasta la fecha ha llovido mucho y aquellos vientos han arrastrado a EE.UU. a estas tempestades en las que hoy está sumido. Para nadie es un secreto que su liderazgo global vuelve a estar en debate y en declive.

Este no es el Estados Unidos de Roosevelt, quien representaba una nación en ascenso, llena de innovación y poder. Hoy, el presidente presenta su propia versión de una puesta en escena, mientras millones se cuestionan si el país se está desmoronando a la vista de todos.

Estados Unidos es víctima de su propia y peculiar historia. Allí la evolución del capitalismo descansó particularmente en anti valores como la codicia voraz, el desenfado por las soluciones violentas… el país es un lugar donde predomina el sálvese quien pueda, la guerra como gran negocio y su prima hermana, la violencia naturalizada.

¿Qué pensarían George Washington, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, los padres fundadores, de la actuación de Trump?, el que carga con 34 procesos o acusaciones legales, al que se le asocia con la pedofilia a escala planetaria, mentiroso incontrolable, sumergido en una pesadilla de ego, narcisismo y todo lo que tiene que ver con la absoluta ausencia de modestia o sencillez.

El gobierno de Trump es también el más corrupto de la historia, aseguran sus adversarios, y ello no es una calumnia porque cada día sorprenden nuevas noticias con las formas conque el mandatario especula, manipula e impone un esquema de enriquecimiento ilícito, según explican los entendidos en la materia, dejando la impresión que la principal motivación para estar en la Casa Blanca, es garantizar un enriquecimiento exponencial del clan Trump.

El líder estadounidense llamado a celebrar los 250 años de independencia, es el menos apto para ello aseguran algunos analistas. En pocas palabras, el actual mandatario estadounidense es el tipo de personaje que los independentistas de la nación   aborrecerían. De todas formas, me permito asegurar que hay quienes insisten en ese país de que hoy necesita una revolución como aquella de hace 250 años.

Las cifras hablan por sí solas

Gallup una empresa con más de 45 años de experiencia en consultoría, inteligencia de negocios, recolección y análisis de información para estudios de mercado, sociales, opinión pública y política asegura que hoy la sociedad estadounidense es cada vez menos patriota … se dice que entre los jóvenes solo un 31 por ciento se siente extremadamente orgulloso de ser estadounidense frente al 78 % en el 2015.

Hay otro dato a no despreciar hoy julio 2026 … el 77 % de la sociedad norteamericana piensa que los padres fundadores no estarían contentos de los que sus descendientes han hecho con la nación.

A principios del siglo XXI, los adultos estadounidenses coincidían casi unánimemente en sentirse sumamente orgullosos de ser estadounidenses. Sin embargo, esa unidad nacional se ha erosionado en los últimos 25 años debido a una combinación de cambios políticos y generacionales. Hoy en día, los demócratas son mucho menos propensos que antes a expresar orgullo por su país; de hecho, su orgullo nacional ha alcanzado un nuevo mínimo. Además, la Generación Z y los millennials se sienten mucho menos orgullosos de su país que sus mayores.

Estos cambios se han producido principalmente en la última década, y lo han hecho en medio de un mayor pesimismo sobre las perspectivas económicas de los jóvenes, una insatisfacción generalizada con el estado del país, mayores divisiones ideológicas entre los partidos, imágenes desfavorables de ambos partidos e intenso rencor partidista durante las administraciones de Trump y Biden.

Escuche y descargue la propuesta radial.

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México, con Marcelo Ebrard al frente de las negociaciones, intenta proyectar calma: las revisiones anuales, asegura, permitirán resolver inconformidades paso a paso. Pero la realidad es que la incertidumbre golpea a las cadenas de suministro, especialmente en el sector automotriz, donde plantas y empleos dependen de reglas claras y duraderas.

Canadá, por su parte, defiende su posición de fortaleza, recordando que aporta recursos, estabilidad y confianza. Sin embargo, la estrategia bilateral de Washington deja a Ottawa en un terreno más áspero.

El trasfondo es evidente: Trump y su círculo cercano, con Jamieson Greer como figura ascendente, buscan convertir el T-MEC en un instrumento de presión más que en un pacto de integración. La pregunta es si México y Canadá aceptarán jugar bajo esas reglas o si apostarán por reforzar la unidad regional frente a un socio que hoy parece más interesado en imponer condiciones que en construir futuro compartido.

En vigor desde 2020

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) fue firmado durante el primer mandato de Donald Trump en 2020 y contemplaba una revisión a partir del 1 de julio de este año. En aquel entonces, el republicano lo calificó como “el mejor acuerdo que jamás había logrado”.

El pacto tiene una duración total de 16 años, hasta 2036, aunque cualquiera de los tres países puede retirarse con un aviso previo de tres meses. El T-MEC representa un instrumento clave de integración económica, regulando un intercambio comercial cercano a los dos billones de dólares anuales y sustituyó al antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde los años noventa. Desde la firma del primer acuerdo, las economías de los tres socios se han entrelazado, especialmente en sectores como el automotriz, generando millones de empleos cuya desarticulación sería compleja.

Estados Unidos, sin embargo, mantiene abierta la posibilidad de abandonar formalmente el pacto, lo que requeriría anunciarlo con seis meses de antelación. “El hecho de que tenga un plazo de 10 años no significa que haya que esperar ese tiempo para concluirlo”, advirtió un alto funcionario estadounidense. “El presidente conserva el derecho, según la ley, de retirarse incluso antes de ese periodo”, añadió. La conclusión, según el mismo funcionario, es que Trump ha transformado la dinámica comercial entre los tres países bajo sus nuevas políticas arancelarias y de comercio.

Más detalles

• Origen: El T-MEC sustituyó al TLCAN en 2020, creando una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo.
• Duración prevista: 16 años, con posibilidad de extensión si las tres partes lo acuerdan.
• Actual situación: Estados Unidos rechazó extenderlo en su formato actual y propone revisiones anuales por al menos 10 años.

Decisión de Estados Unidos:

• Motivo principal: Supuestamente reducir déficits comerciales con México y Canadá.
• Estrategia: Washington busca presionar a empresas para invertir en territorio estadounidense, en línea con un enfoque de nacionalismo económico.
• Áreas conflictivas: Agricultura (maíz), productos lácteos y automotriz.

Respuesta de México:

• La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía Marcelo Ebrard insisten en que el tratado sigue vigente y puede renovarse si hay consenso.
• Próxima negociación: Ronda bilateral con EE.UU. programada para el 20 de julio de 2026.

Posición de Canadá:

• Canadá participa en las conversaciones, aunque Washington ha privilegiado canales bilaterales en lugar de una mesa trilateral.
• Preocupación por el impacto en la industria automotriz y las cadenas de suministro.

Riesgos y escenarios:

• Desconexión gradual: Si no se alcanza un acuerdo, el tratado podría extinguirse en 2036.
• Presión política: Trump ha amenazado con retirarse por completo del T-MEC, lo que aumentaría la tensión en la región.
• Empresas afectadas: Sectores clave como automotriz, agrícola y tecnológico enfrentan mayor incertidumbre regulatoria.

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«Me acosa el carapálida que carga sobre mí, sobre mi pueblo libre, sobre mi día feliz. Me acosa con la espuela, el sable y el arnés, caballería asesina de antes y después.

«Me acosa el carapálida norteño por el Sur, el Este y el Oeste, por cada latitud. Me acosa el carapálida que ha dividido el sol en hora de metralla y hora de dolor.

«La tierra me quiere arrebatar, el agua me quiere arrebatar, el aire me quiere arrebatar…

«Me acosa el carapálida con el engaño vil, con cuentas de colores, con trueque de uno a mil. Me acosa con su elixir de la prostitución. Me acosa con la gloria perdida de su Dios.

«Me acosa el carapálida con su forma de ver, su estética, su ángulo, su estilo, su saber. Me acosa el carapálida con sintetización y quiere ungirme el alma con tuercas de robot.

Me acosa el carapálida con la guerra sutil hasta que digo basta…

Me acosa el carapálida que siempre me acosó, que acosa a mis hermanos, que acosa a mi razón. Me acosa el carapálida que vive de acosar, hasta que todos juntos le demos su lugar.

La tierra me quiere arrebatar, el agua me quiere arrebatar, el aire me quiere arrebatar y sólo fuego voy a dar.

Escuche el reportaje Me acosa el carapálida

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-presuntamente vinculadas al narcotráfico- y aseguró que Washington está preparado para replicar esas acciones en territorio mexicano. “Habrá quienes se quejen en lugares como México, pero si ellos no hacen el trabajo, lo haremos nosotros”, afirmó.

La amenaza llega en un momento crítico para la relación bilateral. Apenas días atrás, la justicia estadounidense acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a un senador y al alcalde de Culiacán, todos de Morena, por supuestos nexos con Los Chapitos, herederos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La denuncia se extiende a otros siete funcionarios y exfuncionarios de la región.

El anuncio de Trump coincide con otro escándalo político: la revelación de que dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) murieron en Chihuahua en un accidente de tránsito junto al director de la Agencia Estatal de Investigación y un empleado local, sin que el Gobierno federal estuviera informado de su presencia. La Fiscalía General de la República (FGR) ha citado a declarar a unas 50 personas por el caso.

La postura de México

En los últimos días, la presidenta Claudia Sheinbaum ha endurecido su discurso frente a Trump. “Ninguna potencia extranjera dirá a los mexicanos cómo gobernarnos. Somos un pueblo que ama la libertad y la soberanía, dispuesto a defenderlas”, proclamó en la ceremonia por la Batalla de Puebla, cargada de simbolismo nacionalista.

La idea de que Estados Unidos intervenga en México para frenar a los carteles -catalogados como organizaciones terroristas por Washington- no es nueva. Trump ha reiterado en varias ocasiones que su vecino “está dominado por el crimen organizado”, algo que no ha demostrado.

Mientras tanto, el caso contra Rocha Moya permanece estancado: la FGR insiste en que no hay pruebas sólidas para su extradición, aunque en Estados Unidos lo acusan de encabezar una administración al servicio del Cartel de Sinaloa.

En los últimos dos años, Estados Unidos ha tejido un entramado legal, militar y discursivo que abre la puerta a una posible intervención directa en México. Aunque no existe un documento oficial que hable explícitamente de una invasión, diversas órdenes ejecutivas, estrategias de seguridad y declaraciones presidenciales han sentado las bases para una acción unilateral bajo el argumento del “narcoterrorismo”, un elemento que ha carecido de pruebas fuertes.

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Sería ideal prescindir de tales acontecimientos que impone el magnate de la Casa Blanca como nueva estrategia para tratar de recuperar popularidad después de la respuesta iraní a todas las amenazas, las trampas y los ataques que han puesto en vilo al mundo, generado así, una crisis energética en todo el planeta y como se sabe, enriquecerse él y toda su familia: usan un suceso de riesgo mundial para sacar ventaja en la compra y venta de acciones y otros negocios.

La cena en la Casa Blanca da para muchos análisis, y las redes arden de memes, teorías de la conspiración y un acervo de desvíos de la verdad de un gobierno que miente, amenaza y actúa como grupo mafioso, fuera de todas las leyes internacionales que existen.

Por cierto, algo de las últimas horas que se ha comentado menos: en una entrevista con 60 minutos de CBS, la periodista osó leer la nota que había escrito el atacante donde llama a los gobernantes del país, pedófilos y violadores, y lo menos que le dijo Trump fue que ella era una desgracia. Y, lo mejor es que al negarlo dijo: «no soy nada de eso, fui absuelto». Lo cual es mentira. Pero el papel que leyó la periodista no dice Trump, habla del Gobierno.

“Cosa de capo mafioso”. Así lo ha describió recientemente Joseph Borrell, ex Comisario europeo para la política exterior. Y lo ha dicho hablando de Cuba, entre otras naciones amenazadas.

Lo que siguen diciendo sobre Cuba

El suceso más más reciente está relacionado con Marco Rubio, el que se tiró bajo la mesa cuando sonó el primer tiro en la fiesta del sábado.

Según agencias, a la pregunta ¿qué cree que debería suceder en Cuba y qué intenta evitar la administración Trump?

Rubio respondió que Cuba es dos cosas en este momento. Primero, es un Estado fallido. Prácticamente no tiene una economía real, por lo que su gente vive en la miseria y tampoco tiene libertades políticas. Y segundo, es un país anfitrión de adversarios y competidores. Los chinos, los rusos y otros utilizan habitualmente a Cuba para sus propios fines, a tan solo 145 kilómetros de nuestras costas. Eso es lo que diferencia a Cuba de cualquier otro lugar en Oriente Medio o en Asia.

Solo hay dos cosas que pueden pasar en Cuba. La primera es el colapso total.

Y luego «no vamos a permitir que un aparato militar, de inteligencia o de seguridad extranjero opere con impunidad a 145 kilómetros de las costas de Estados Unidos. Eso no sucederá bajo la presidencia de Trump».

Escuche y descargue el podcast Chapeando Bajito.

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Los integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba condenamos la nueva escalada del actual gobierno de los Estados Unidos, que pone al desnudo una vez más la naturaleza criminal de la política de guerra económica con el claro propósito de provocar la asfixia del pueblo cubano.

Al mismo tiempo, respaldamos la Declaración del Gobierno Revolucionario publicada el pasado 30 de enero.

Nuevamente el imperio emplea la mentira y la calumnia como armas para justificar sus pretensiones expansionistas. Pero no lo van a lograr con Cuba.

La reciente Orden Ejecutiva del presidente de los Estados Unidos expresa que las prácticas y las acciones del Gobierno cubano constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos.

Cuba es un país de paz; jamás ha apoyado acciones terroristas, las cuales denuncia y condena con firmeza. En cambio, durante más de seis decenios, ha sido víctima del terrorismo de Estado, y de una cruel guerra económica por parte de sucesivas administraciones estadounidenses.

Al establecer un sistema arancelario hacia los países que vendan o suministren petróleo a Cuba, la orden adquiere carácter extraterritorial porque viola el Derecho Internacional y la soberanía de los Estados.

El documento atenta contra la estabilidad de la región y expresa irrespeto por la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada por los 33 jefes y jefas de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Una vez más se equivocan los gobernantes estadounidenses al subestimar el patriotismo de cubanas y cubanos. Ignoran los muchos pasajes que nuestra historia recoge de entrega infinita a la causa de la independencia.

Cuba reitera su disposición al diálogo con el Gobierno de los Estados Unidos, en igualdad de condiciones y con respeto absoluto a su independencia y soberanía.

Ante esta nueva agresión llena de crueldad, hacemos un llamado a los parlamentarios de todas las latitudes a denunciar la política vil, carente de ética, con que el gobierno de los Estados Unidos pretende pisotear la soberanía de Cuba y de los pueblos de Nuestra América y del mundo; especialmente exhortamos al pueblo de los Estados Unidos a rechazar esta injusticia.

Agradecemos los mensajes de solidaridad llegados desde numerosos países, órganos legislativos y grupos parlamentarios de amistad, y organizaciones políticas, que se pronuncian por el respeto a los derechos humanos y el progreso del pueblo cubano.

La Habana 2 de febrero del 2026.

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“Como saben, la Asamblea General ha pedido reiteradamente el fin del bloqueo contra Cuba”, expresó el vocero en respuesta a una pregunta de Prensa Latina sobre el reforzamiento de esa política, tras la nueva orden ejecutiva de la administración de Donald Trump de imponer unilateralmente coercitivos aranceles a los países que vendan petróleo al país caribeño.

Instamos a todos los Estados Miembros -dijo- a que cumplan las resoluciones de la Asamblea General.

Una orden ejecutiva publicada por la Casa Blanca el 29 de enero y firmada por el mandatario republicano declara una “emergencia nacional” respecto a Cuba y para hacerle frente, estimó que sería “necesario y apropiado” establecer un sistema de aranceles contra los países que proporcionen “directa o indirectamente” cualquier tipo de petróleo a Cuba.

Días antes del regreso de Trump a la Casa Blanca el pasado año, la ONU ratificó a Prensa Latina que daba la bienvenida “al anuncio de Estados Unidos del 14 de enero sobre, entre otras medidas, la retirada de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado”.

Un acto tardío de la saliente administración de Joe Biden, pero que estaba en la dirección correcta.

Sin embargo, tras asumir el cargo una semana después, en sus primeras horas en la mansión ejecutiva, Trump dio marcha atrás con una orden ejecutiva a la decisión de Biden sin presentar ninguna evidencia nueva y desconocer el trabajo y criterio de sus propias agencias estatales.

Las reacciones no se hicieron esperar. El secretario general de la ONU, António Guterres, incluso, en su momento, reconoció que la conducta de Cuba en algunos procesos de mediación como el proceso de paz en Colombia, contradice la permanencia en semejante lista.

Cuba fue incluida por primera vez en esa relación de Estados patrocinadores del terrorismo en 1982, durante el gobierno del republicano Ronald Reagan hasta que, en 2015, el presidente demócrata Barack retiró tal designación al considerar que carecía de mérito.

El bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba constituye una política unilateral, coercitiva y extraterritorial que viola el Derecho Internacional y los propósitos y principios de la Carta de la ONU.

Tras sus 65 años de aplicación, el objetivo central no ha variado: deteriorar el nivel de vida de la población, provocar insatisfacciones, desesperación e irritación, como medio para propiciar un cambio en el orden constitucional que el pueblo cubano ha escogido libremente.

La administración estadounidense persiste en ignorar el llamamiento casi unánime de la comunidad internacional para poner fin a esta política ilegal e inhumana contra Cuba, expresado en 33 resoluciones de la Asamblea General de la ONU.

Con información de Prensa Latina.

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La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) indicó en un comunicado que la medida implica la “amenaza de aplicar arbitrarios aranceles” contra países que mantengan relaciones comerciales legítimas con la isla.

Todo ello en violación de las normas internacionales del libre comercio y de las prerrogativas soberanas de cada Estado, apuntó.

El bloque de integración latinoamericano y caribeño señaló que esta acción se inscribe en la política histórica de bloqueo económico, comercial y financiero contra La Habana, que busca someter a todo un pueblo a condiciones de vida extremas.

Afirmó que lejos de doblegar al pueblo cubano, estas acciones, condenadas por la comunidad internacional, de manera reiterada y casi unánime, demostraron la “capacidad de resistencia, dignidad y firmeza de una nación que defiende su independencia y su derecho a construir su propio proyecto político, económico y social, sin injerencia externa, amenazas ni agresiones”.

Los Estados del ALBA expresaron su solidaridad y acompañamiento al Gobierno y al pueblo de Cuba, y reiteraron su firme compromiso con el Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas, así como con la defensa del multilateralismo, del comercio justo y del respeto irrestricto a la soberanía de los pueblos.

La Alianza Bolivariana ratificó que “la solidaridad, la cooperación y la unidad de los pueblos seguirán siendo más fuertes que cualquier medida coercitiva unilateral”.

Con información de Prensa Latina.

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La disposición impone aranceles a los países que suministren petróleo a la Isla e incrementa las restricciones al derecho de los ciudadanos estadounidenses de visitar Cuba, medidas que la organización calificó como parte de la estrategia imperialista para justificar acciones hostiles bajo el pretexto de “defender” los derechos humanos.

El Secretariado Ejecutivo Nacional de los CDR recordó que Cuba es reconocida internacionalmente por su respeto a los derechos humanos y subrayó que el pueblo alcanzó el poder el 1ro. de enero de 1959, liderado por Fidel Castro, manteniéndose firme en sus principios de soberanía incluso en los momentos de mayor hostilidad de Estados Unidos.

Los CDR rechazaron esta “nueva” política, la cual no es otra que la expresión exacerbada del cerco económico, comercial y financiero impuesto por más de seis décadas, y reiteraron su apoyo al diálogo y la cooperación bilateral, pero sin aceptar condiciones que comprometan la soberanía y libertad conquistadas.

Finalmente, reafirmaron su compromiso de continuar defendiendo las conquistas alcanzadas y respaldar desde cada barrio la máxima fidelista: ¡El pueblo de Cuba vencerá! 

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Un reciente artículo de Politico revela que la administración Trump baraja un bloqueo naval total para impedir las importaciones de petróleo a Cuba. La filtración ha disparado las alarmas por ser la expresión más extrema de una lógica largamente ensayada, que utiliza la coerción económica como arma de “cambio de régimen”, aun cuando la evidencia demuestra que quienes pagan el precio no son los gobiernos, sino los pueblos.

El politólogo estadounidense Daniel W. Drezner lo definió con precisión en Foreign Affairs: Estados Unidos ha convertido las sanciones en una “navaja suiza” de su política exterior, un instrumento que se aplica a todo –proliferación nuclear, derechos humanos, migración, disputas geopolíticas–, aunque no esté diseñado para resolver ninguno de esos problemas de forma estructural. El resultado es el uso y abuso de la coerción económica como sustituto de la diplomacia, del multilateralismo o, simplemente, del realismo político.

Drezner advierte que las sanciones son atractivas no porque funcionen bien, sino porque son fáciles de imponer, generan apariencia de acción inmediata y trasladan los costos fuera del territorio estadounidense. Pero esa comodidad tiene un precio estratégico. Rara vez logran sus objetivos políticos y sí generan daños colaterales masivos, que erosionan además la legitimidad internacional de quien las impone.

En el caso cubano, la ecuación es especialmente transparente. Un bloqueo petrolero no “presiona” a una élite abstracta, sino que paraliza ambulancias, reduce cirugías, interrumpe cadenas de frío y la producción de medicamentos, golpea la infraestructura para potabilizar el agua, agrava la inseguridad alimentaria y multiplica los apagones. No se trata de una hipótesis ideológica, sino de un hecho documentado. En los últimos días, por ejemplo, se han reportado ciudades como Colón, en la provincia de Matanzas (occidente de la isla), con hasta 40 horas sin fluido eléctrico.

Una revisión sistemática de estudios médicos y de salud pública a lo largo de 30 años, publicada por la Universidad de Toronto en 2023 bajo el elocuente título “The Violence of Non-Violence” (“La violencia de la no violencia”), concluyó que, bajo medidas coercitivas externas, 100 por ciento de los casos experimentaron efectos negativos en la salud; casi 90 por ciento documentaron el deterioro de los sistemas sanitarios. Las sanciones, incluso las que Washington llama “inteligentes”, rompen cadenas de suministro, bloquean pagos, encarecen medicamentos y reducen la capacidad hospitalaria, con impactos desproporcionados en niños, ancianos y enfermos crónicos. Eso es exactamente lo que hoy se observa en Cuba.

Algo similar muestran los politólogos Bryan Early y Dursun Peksen en un estudio publicado en Global Studies Quarterly (2022). Analizaron más de cuatro décadas de sanciones impulsadas por Estados Unidos y concluyeron que éstas incrementan sistemáticamente la “miseria” social, medida en términos de alimentación, esperanza de vida y educación. Paradójicamente, las sanciones justificadas en nombre de los derechos humanos son, según el análisis, las que mayores retrocesos generan y rara vez logran el invocado “cambio de régimen”.

Cuba es un ejemplo paradigmático. Seis décadas de bloqueo no han producido el resultado político que Washington proclama buscar, pero sí han contribuido a una situación de vulnerabilidad estructural que hoy se pretende explotar hasta el límite, incluso a riesgo de provocar una crisis humanitaria regional, como reconocen las propias fuentes citadas por Politico.

Hablar de un bloqueo naval petrolero no es describir una medida “técnica”, sino una decisión política consciente que elige cortar la energía y la logística a sabiendas de que el efecto inmediato recaerá sobre la vida cotidiana y que el sufrimiento de los pueblos quedará reducido a “daño colateral” aceptable y útil para forzar objetivos geopolíticos. Y cuando en la Casa Blanca manda un mono con navaja, no hay espectáculo más rentable que el dolor de la injusticia.

(Publicado originalmente en La Jornada, de México)

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