Se exceptúan las relacionadas con la zafra azucarera y otros trabajos agrícolas urgentes, industrias de procesos de producción continua, labores inaplazables de carga y descarga; servicios de transporte y su aseguramiento técnico indispensable, hospitalarios y asistenciales, farmacias, expendios de combustible, funerarias, jardines vinculados con estas y cementerios, servicios de hospedaje, centros turísticos, comunicaciones, transmisiones de radio y televisión, servicios públicos básicos, actividades de pesca y otras autorizadas por la ley.
El tratamiento salarial es el que se establece en la Resolución 9 del 18 de abril de 2025.

( Con información de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social )

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El miembro de la comisión organizadora del 22 congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, Leovanys Ávila Góngora aclaró que las modificaciones realizadas a la norma no solo estarán en consonancia con el número de planteamientos, sino con la importancia de la propuesta.

Según su criterio” es un código de trabajo de los más avanzados del mundo”. Amplia las protecciones a las madres trabajadoras y a los jóvenes. En los intercambios se reconoció que las personas tienen capacidad jurídica para trabajar a partir de los 18 años y excepcionalmente puede hacerlo con 15 o 17 años, en estos casos puntuales las personas tienen protección.

Ávila Góngora mencionó entre los temas más debatidos la entrega de la licencia no retribuida por parte del empleador, los años del servicio social, la edad para adquirir la capacidad jurídica y la excepcionalidad para incorporación al empleo de los adolescentes entre 15 y 17 años.

Agregó el tema de la póliza de seguros, novedoso en el código ha causado preocupación entre trabajadores y empleadores. El termino persona trabajadora de confianza, el expediente laboral, la pluriactividad, la extensión de la licencia no retribuida para permanecer en el exterior y el término de persona trabajadora con diversidad de criterios.

Un asunto planteado como preocupación que, aunque no tiene que ver directamente con el texto del anteproyecto de ley, es lo relacionado con la edad de jubilación y el salario, coincidiendo con reclamos de los trabajadores durante los procesos orgánicos del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba.

Por su parte, la directora jurídica y de relaciones internacionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Yiseilis Ferrer Nariño señaló que el equipo multisectorial, encargado del estudio de las observaciones, avanza en el análisis de las propuestas, no obstante, hay temas complejos a los cuales no se ha podido llegar a un consenso.

Se han aceptado, hasta la fecha, el 33% de las observaciones de los trabajadores. Reconoce la directiva el avance del proceso si se toma en cuenta que se habla de más de 17 mil observaciones,‌ «No se han dejado de evaluar ninguno los criterios, incluso se analiza si un cambio de termino podría influir de objetivo de la propuesta».   

Uno de los temas más recurrentes en el intercambio con los trabajadores resultó el pluriempleo y la demanda de eliminar el límite de hasta 13 horas de trabajo refrendado en el documento.

La directora jurídica también agregó que existen propuestas que abogan por eliminar el articulado que define que el pluriempleo solo puede hacerse en diferentes horarios y en diferentes entidades.

Durante el proceso de consulta se realizaron más de 96 mil propuestas al anteproyecto de ley del Código de Trabajo que será sometido a aprobación en el séptimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura.

Escuche y descargue la propuesta radial.

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Dicha cartera califica de “comunicado falso y malintencionado” la información que está circulando en las redes sociales al respecto. El contenido de ese documento no emana de ninguna institución del Gobierno cubano. Su objetivo es sembrar la desinformación, señala.

El ministerio cubano en su desmentido de este domingo indica, “Convocamos a nuestro pueblo a mantenerse informados a través de los canales oficiales, los órganos del Poder Popular y los medios fundamentales de Comunicación Social en sus diversas plataformas.

Igualmente, la presidencia en su cuenta de X posteó, “No es cierta la información que circula en redes sociales y que se atribuye a la Presidencia de la República de Cuba, sobre un supuesto cese de actividades en el país.

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La norma, explicada en conferencia de prensa por Guillermo Sarmiento Cabañas, director de Organización del Trabajo del MTSS, representa la descentralización de la facultad de aprobar la organización salarial hacia las empresas.

Sarmiento enfatizó que este cuerpo legal, que tiene su génesis en 2021, ha significado un gran avance ”porque transfiere al sistema empresarial la facultad de aprobar el salario de sus trabajadores”, desvinculándose de la obligatoriedad de sujetarse únicamente a la escala salarial única y los calificadores de cargos centralizados por el Ministerio.

“Se hace a él una descentralización de la facultad y la gestión del capital humano”, subrayó. Agregando que esta medida “pone en similitud de condición a todos los actores económicos para decidir sobre asuntos esenciales”.

El directivo contextualizó que el decreto se elaboró teniendo en cuenta experiencias previas, como el Decreto 98 para el turismo, y que su esencia es otorgar “mayor flexibilidad” al sistema empresarial.

Los resultados de la política aplicada desde 2023, considerada la antesala de este decreto, fueron expuestos como un aval. Más de 100 entidades, que representan el 45% del sistema empresarial estatal (según datos de septiembre), ya han implementado este modelo.

Este grupo, aunque minoritario en número, concentra más del 64% de las ventas y el 71% de la utilidad de todo el sistema. Además, presenta una productividad media de 46000 pesos, superior en más de 14000 pesos al resto, y un salario medio de 9558 pesos, que supera en más de 2000 pesos la media del sistema.

Una evaluación conjunta con las empresas, las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) y los sindicatos identificó como positivo el carácter “novedoso” de la medida y su contribución a “modernizar la gestión”.

También se reconocieron limitaciones y trabas en la normativa anterior (Decreto 37) que fue necesario modificar. Este proceso de evaluación, en el que participaron los ministerios de Trabajo, Economía y Planificación, Finanzas y Precios, y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), condujo a la elaboración del nuevo Decreto 138 y su norma complementaria, el Decreto 130.

Principios rectores y el alcance de la organización salarial

Sarmiento detalló que el objetivo principal de la norma es “promover, estimular el incremento de productividad, de eficiencia” y, como consecuencia, “aportar al presupuesto del Estado”.

El impacto en el ingreso de los trabajadores es visto como un resultado directo, pero “la esencia está en transformar la gestión de los recursos humanos”. La empresa ahora debe diseñar técnicamente su sistema, aplicando métodos científicos e innovación.

La “organización salarial” se define como el proceso mediante el cual la empresa diseña la arquitectura que define la remuneración. Esto comprende el diseño de su escala salarial específica, la evaluación y clasificación de los puestos de trabajo, la determinación del salario para cada cargo o grupo de cargos, y el establecimiento de los sistemas de pago adicional y por rendimiento.

Un aspecto destacado es el procedimiento de aprobación. La organización salarial debe ser aprobada por el jefe de la entidad, “sin previa evaluación” externa, pero tras un análisis en el Consejo de Dirección y, de manera fundamental, “de común acuerdo con la organización sindical” correspondiente.

Luego se refrenda en una disposición interna y se lleva a conocimiento de la Asamblea General de trabajadores, integrándose al convenio colectivo de trabajo. “No puede ser la decisión unipersonal de un jefe”, recalcó Sarmiento.

La norma se sustenta en cinco principios constitucionales y legales: igualdad (para trabajo de similar complejidad), diferenciación (reconocimiento individual), distribución (pago según cantidad y calidad del trabajo), dinámica (vinculación a resultados de la empresa) y uno novedoso: el principio de protección mínima.

Este establece que el salario en la nueva organización no puede ser inferior al salario mínimo nacional, ni tampoco al salario básico que el trabajador percibía el año anterior.

“Es un principio más protector”, destacó, explicando que antes la protección solo se refería al salario básico en el momento inicial de aplicación.

Condiciones, indicadores y tratamientos diferenciados

La aplicación de esta facultad no es automática para todas las empresas. Está condicionada al cumplimiento de un requisito central: no deteriorar el aporte por rendimiento de la inversión estatal o el pago de dividendos al presupuesto, en comparación con el año anterior.

Este es un indicador sintético, fiscal, que reemplaza a los cuatro indicadores que se exigían antes. “La empresa tendrá que tener más utilidad, mayor nivel productivo… para poder llegar a ser más eficiente”, explicó Sarmiento.

El decreto introduce tratamientos diferenciados para reconocer la naturaleza diversa de las empresas:

• Servicios públicos y actividades exclusivas del estado (como la Empresa Eléctrica): Se les aplica un tratamiento especial, pues no siempre pueden lograr altas utilidades por su función social. El Estado puede decidir, en correspondencia con las posibilidades presupuestarias, asignarles un fondo de salario para mantener la fuerza laboral.
• Empresas de alto valor añadido y alta productividad: Reciben un tratamiento más específico , exigiéndoles un crecimiento sistemático de la productividad y del aporte fiscal. Se incluyen aquí las dedicadas a la exportación, a las que se les evalúa principalmente por indicadores físicos (volumen de producción) para aislarlas de las fluctuaciones de precios en el mercado mundial.
• Empresas de nueva creación: La nueva política las incluye, a diferencia de la anterior, estableciendo reglas para que puedan diseñar su organización salarial.
• Unidades Empresariales de Base (UEB) autorizadas: Se faculta al director de la empresa para aprobar la organización salarial en una UEB con resultados favorables, incluso si la empresa matriz no los tiene en su conjunto, siempre que a la UEB se le puedan medir sus resultados de forma independiente.

Novedades en los sistemas de pago y ejecución

El decreto generaliza la aplicación de un sistema de pago por rendimiento a todos los trabajadores de la empresa, directos o indirectos. Establece que, como mínimo, el 30% del fondo de salario debe responder a este concepto. “Siempre se va a tener un pago por resultado”, afirmó Sarmiento.

Respecto a los pagos adicionales (complementos al salario por conocimientos, condiciones, etc.), la norma aclara que aquellos establecidos en la legislación general (como por doctorado, maestría, o por trabajar en la Administración Pública) se mantienen con su cuantía fija y son inmodificables por la empresa.

Sin embargo, la empresa sí tiene la facultad de crear y aprobar otros pagos adicionales por año de servicio, certificaciones internacionales, o por realizar actividades adicionales, entre otros conceptos. El MTSS publicó una resolución (la 17) que establece los límites máximos para estos pagos.

En la ejecución, hay una regla beneficiosa: las empresas que superen su aporte por rendimiento al presupuesto (en valor absoluto) pueden aumentar su fondo de salario.

Este incremento no está condicionado a una proporción rígida con la utilidad, pero debe garantizar que el aporte fiscal no se deteriore. Si al cierre del año el aumento del salario causara un incumplimiento del aporte planificado, la diferencia se convierte en una obligación de pago para la empresa.

Responsabilidades, control y papel de los actores

El decreto refuerza las responsabilidades de todos los niveles. Los jefes de las OSDE (ministros, gobernadores, presidentes de consejos municipales) tienen la facultad de autorizar excepciones al requisito de cumplimiento del indicador, en casos justificados como movimientos organizativos o ciclos largos de investigación, pero siempre que el sistema empresarial en su conjunto no deteriore su aporte al presupuesto.

A las empresas que no cumplan las condiciones para aplicar el decreto, se les exige elaborar un programa de trabajo de un año para lograr su implementación. Los jefes de las OSDE deben informar al Consejo de Ministros sobre los resultados de estos programas, identificando las causas de los incumplimientos y las medidas correctivas.

La responsabilidad de velar por el cumplimiento recae también en las juntas de gobierno de las empresas, como representantes del Estado. El proceso de control involucra de manera coordinada al MTSS, al Ministerio de Economía y Planificación (por el plan) y al Ministerio de Finanzas y Precios (por el presupuesto y el indicador fiscal).

La participación sindical y la defensa de los trabajadores

Durante la presentación, se enfatizó repetidamente el papel protagónico de los sindicatos y los trabajadores. Yiseilis Nariño Ferrer, directora jurídica y de Relaciones Internacionales del MTSS, comentó que “en la medida que las personas que trabajan en la entidad… conozcan, dominen, se incorporen y participen en el proceso, en esa medida también el trabajador tendrá la posibilidad de saber exigir” sus derechos.

El “común acuerdo” con el sindicato es un requisito legal obligatorio, no una mera consulta. “No es el criterio del secretario de la sesión sindical. Es la evaluación de la organización sindical”, precisó Sarmiento. Todo el diseño de la organización salarial, así como cualquier ajuste posterior, debe ser analizado y aprobado en la Asamblea General de afiliados y trabajadores, y quedar reflejado en el convenio colectivo de trabajo.

Nariño Ferrer recordó a los trabajadores las vías establecidas para reclamar en caso de inconformidad, siendo el órgano de justicia laboral la instancia fundamental. “A veces perdemos tiempo quejándonos… lo tienen que conocer porque el sistema de justicia laboral es la vía hoy establecida”, afirmó.

Impacto general y perspectivas

Sarmiento resumió los impactos fundamentales del Decreto 138:

1. Contribuye a incrementar la ciencia empresarial, la eficiencia y el aporte al presupuesto.
2. Amplía la descentralización, eliminando trabas a la autonomía y responsabilidad empresarial.
3. Ofrece mayor claridad y precisión sobre el alcance de las facultades descentralizadas.
4. Promueve mayor estabilidad de los recursos humanos y atrae talento.
5. Avanza en la transformación de la estructura del ingreso de los trabajadores, favoreciendo la parte salarial sobre otras remuneraciones.
6. Fortalece la participación sindical y de los trabajadores en decisiones clave.

Con la publicación de esta norma, el gobierno cubano espera que para el plan del 2026 un mayor número de empresas puedan incorporarse a este sistema, con el propósito último de “lograr un adecuado balance entre el resultado que tiene este tipo de empresa y el ingreso del trabajador” y, en definitiva, “modernizar la gestión” de la empresa estatal cubana.

(Cubadebate)

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En la ocasión la Empresa Industria Electrónica Camilo Cienfuegos fue reconocida por la CTC y el MTSS por sus resultados en el seguimiento e implementación de las normas correspondientes.

Edel Gómez, director de la Empresa Industria Electrónica Camilo Cienfuegos, dijo que en la materia han logrado tener una política aprobada, se trabaja en su certificación como Empresa Saludable, cuenta con personal capacitado en una cultura de prevención y una tasa de incidencias de accidentes de trabajo con tendencia a cero.

Ángel San Martín Dupoté, jefe del Departamento Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo del MTSS al pronunciar las palabras centrales manifiesto que el enfrentamiento al huracán Melissa ratificó la capacidad organizativa, de prevención y movilizativa de Cuba, que prioriza la seguridad y protección de los seres humanos.

Señaló además que cada año en el mundo mueren aproximadamente tres millones de trabajadores por accidentes y enfermedades relacionadas con sus labores, según datos ofrecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En el caso de Cuba, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información recién publicó que de enero a junio en el país sucedieron 436 accidentes de trabajo, con 420 lesionados y 15 fallecidos, cifras inferiores a igual etapa del año anterior.

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Como se afirmó en el Seminario de Preparación, realizado el pasado junio, ninguna garantía se elimina sino que se amplían, velando siempre por un balance entre los derechos individuales, los colectivos y los intereses de la administración del trabajo.

Olgalidi Alapón Travieso, experta de la Dirección Jurídica y Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), comentó que el Código establecerá los mecanismos judiciales, institucionales y sindicales para hacer valer esos derechos y deberes, así como desarrollará lo concerniente a las relaciones colectivas de trabajo, mediante la participación efectiva de las personas trabajadoras y la negociación colectiva.

En declaraciones al semanario Trabajadores, precisó que entre las principales modificaciones está tener 17 o 18 años de edad para establecer relaciones de trabajo; así como la prohibición de utilizar el contrato por tiempo determinado para labores de carácter permanente, y que el empleador pueda terminar la relación de trabajo por motivos de embarazo, o condicionar la contratación, permanencia o promoción en el empleo de las trabajadoras debido a ese estado.

Significó que la aplicación de este Código –una vez que se someta a aprobación– será válido para todas las formas de empleo.

El anteproyecto contempla cambios en cuanto al procedimiento para la asignación de los recién graduados y el cumplimiento del servicio social, y la obligación de los empleadores, incluidos los del sector no estatal, de proteger los ingresos de la persona trabajadora ante interrupciones laborales o el cese de la relación de trabajo.

(Fuente: Granma)

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Benito Rey Gonzáles, director general de seguridad Social, explicó que más de un millón de personas serán beneficiadas con esta medida. «Estamos hablando de los pensionados por edad, invalidez y los pensionados por causas de muerte, donde se encuentran comprendidos las viudas o los viudos, los huérfanos y los padres y madres también que tienen derecho a una pensión. Cuando comience el pago de los jubilados el 20 de agosto comienza el pago de esta pensión incrementada», señaló. 

Por su parte, Vladimir Regueiro Ale, titular de Finanzas y Precios, explicó que los programas sociales cuentan con un financiamiento y un respaldo desde el Presupuesto del Estado, que en medio de  condiciones tensas, ha dado prioridad a estos asuntos. 

«En la agenda de trabajo de Gobierno, hay una mirada particular y de prioridad a las personas de menores  ingresos. En el caso de este sector, que depende totalmente de las capacidades del Presupuesto para respaldar las remuneraciones, ciertamente la capacidad adquisitiva se ha visto disminuida por todo el proceso inflacionario. Esta medida tiene un alcance parcial y estamos conscientes de que todavía  estos ingresos que estamos incrementando no son suficientes para dar cobertura a todas las demandas, pero es una expresión de la prioridad que se está dando aún en estas condiciones», refirió.

En el encuentro Julio Pérez, director de Emisión y Valores del Banco Central de Cuba, refirió que se trata de una medida que requiere del trabajo conjunto, donde el sistema bancario tiene una gran responsabilidad. 

A propósito, mencionó que a nivel de provincia está el efectivo que se demanda para este incremento, » un efectivo que no compite y que no va a estar en conflictos con otras actividades que tiene el sistema bancario nacional. Esta dispuesto y destinado para esta actividad», agregó.  

Esta medida de incremento parcial de las pensiones, reafirma el compromiso del Gobierno cubano con la justicia social y la protección de las personas con menores ingresos, en un escenario económico y financiero complejo.  

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Dicha norma solo establece el traslado del descanso dominical de los días de conmemoración nacional, por lo que no corresponde el traslado del 27 de julio por ser un día feriado.

El tratamiento salarial es el regulado en el artículo 111 del propio Código.

(Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social)

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Bajo el lema Por un trabajo digno y un desarrollo social sostenible, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Centro de Estudios Laborales y el Observatorio Social Laboral de Cuba organizan el evento.

De acuerdo con los organizadores, en el encuentro se desarrollarán los talleres Gestión de capital humano, empleo y seguridad social; Prevención y trabajo social, y Ciencias e innovación para la transformación.

Serán tratados temas de interés para la población de Cuba como el teletrabajo, el enfoque de género en las políticas públicas y la inclusión social.

Durante el Simposio, se desarrollarán 32 espacios académicos y está prevista la participación de 240 delegados seleccionados a lo largo y ancho del país, incluidos 10 estudiantes universitarios, según Maybely Véliz, directora general de Desarrollo del MTSS.

Entre los concurrentes, habrá estudiantes, académicos, investigadores, trabajadores sociales, actores económicos y funcionarios de diversos organismos.

Es el primer evento de su tipo y marcará una pauta en la adopción de políticas que sustenten la búsqueda de soluciones con base científica a las problemáticas sociales, según afirmó recientemente la integrante del comité organizador María Teresa Caballero.

Los resultados y propuestas serán tenidos en cuenta para perfeccionar el trabajo diario y las propuestas de políticas para beneficio de la población, añadió.

La cita es auspiciada por el Programa Mundial de Alimentos, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Además de dos días con paneles, ponencias y conferencias, el programa incluye visitas especializadas a centros e instituciones científicas y culturales capitalinas.

(Fuente: Prensa Latina)

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Como parte de la preparación, se expusieron los elementos más novedosos de la propuesta, aunque todavía se realizan precisiones de la nueva ley, que será sometida a la consideración de todos los trabajadores entre los meses de septiembre y noviembre, como proceso político más importante del Movimiento Obrero en el actual año.

El Jefe del Departamento de Asuntos Laborales y Sociales de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), Roberto Betharte, elogió la organización y el poder de convocatoria para preparar el proceso en Camagüey.

El actual Código de Trabajo, aprobado en diciembre de 2013, entró en vigor en el 2014; de ahí la necesidad de actualizar la ley en correspondencia con las condiciones que hoy caracterizan la sociedad cubana y marcan las nuevas relaciones de trabajo, incluidas otras formas de gestión económica.

En el Código, por tanto, no están registradas las modificaciones y situaciones que hoy distinguen las relaciones del ámbito laboral, y se precisan cambios para ampliar conceptos, y condiciones laborales, derechos y representación de los trabajadores.

En tal sentido, la especialista en Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ana Adela Rodríguez Duporté, precisó que “el Anteproyecto es de la Ley del Código de Trabajo, no de la Seguridad Social; por tanto, se habla de trabajo, no de jubilación; un concepto que hay que explicar en los colectivos, porque puede ser una de las dudas de los trabajadores”.

Los integrantes del Buró provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), en Camagüey, Yuneisy Ramos Vázquez y Roberto Conde Silverio, ratificaron que se preparan las condiciones para desarrollar la consulta con los trabajadores, a través de un proceso amplio, en todos los colectivos laborales, exista o no en ellos estructura sindical, lo que constituye otra muestra de la democracia, que tiene en cuenta todas las opiniones.

“Lo más importante del proceso, es organizarlo bien, — precisa Yuneisy Ramos–, pues, por ejemplo, existen Asesores Jurídicos en varios organismos y entidades, y ese personal calificado, puede ayudar mucho en la consulta; por tanto, hay que desarrollar un trabajo de control y de evaluación que no corresponde solo a la CTC y sus Sindicatos.  Somos responsables todos, y Camagüey puede hacerlo bien”.

Como proceso político, Conde Silverio, significó que “no existe ningún país en el mundo, que discuta y aborde asuntos de una ley, con tantos beneficios para sus trabajadores; las propuestas o las modificaciones, o lo que expongan nuestros trabajadores, siempre será para más atención al hombre; y eso lo ratifican también el Código de la Niñez, y el de las Familias; y ahora un Código de Trabajo, por supuesto, perfeccionado”.

El Anteproyecto de Ley del Código del Trabajo está estructurado en cuatro libros, que contemplan disposiciones generales, derecho individual, colectivo y la administración del trabajo; bajo los principios, de que el nuevo Código protege el trabajo como un derecho social, y fomenta los valores en el ámbito laboral; y se aplica en igualdad de condiciones para todos los trabajadores cubanos.

El proceso de reuniones de consulta, entre los meses de septiembre a noviembre, permitirá enriquecer el documento   con los aportes de todos los trabajadores cubanos, estatales y no estatales, incluidos quienes prestan colaboración en misiones en el extranjero.

Escuche y descargue la propuesta radial.

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De acuerdo con Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social, esta decisión es una vía para ampliar las garantías y los derechos de los trabajadores en materia de legislación laboral.

Destacó, como una de las principales novedades que, a partir de la legislación comparada, esta propuesta de Código del Trabajo se divide en cuatro libros que contemplan disposiciones generales, derecho individual, colectivo y la administración del trabajo.

Significó que en este texto se integran 12 disposiciones normativas emitidas con anterioridad, además de adjuntarse, a la propia norma, el reglamento.

Feitó Cabrera comentó que esto le dará una mayor integralidad, y unificará todas las decisiones en pos de reforzar los beneficios de los trabajadores.

Aseguró que, de aprobarse este anteproyecto de Código del Trabajo, será de estricto cumplimiento para todos los trabajadores y empleadores, tanto del sector estatal como del privado.

En el seminario nacional de preparación, realizado recientemente, Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político y secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, manifestó que se trata del proceso político más importante del movimiento obrero en 2025, en el que se reafirma su participación en los destinos de la nación.

El cronograma incluye la preparación de cuadros y dirigentes sindicales, con el acompañamiento de juristas y de representantes de organismos e instituciones a nivel de provincia y de municipios, así como la preparación de los colectivos, en julio y agosto.

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Este evento sesiona con el propósito de fomentar un entorno laboral y social más dinámico y adaptado a las necesidades del siglo XXI, en el marco del compromiso con el desarrollo sostenible y la mejora continua de la calidad de vida de la sociedad.

Para la Viceministra Primera de Trabajo y Seguridad Social, Yaniris Hernández Vento, «la integración de la investigación científica en las estrategias propias del ministerio no solo permite enfrentar los desafíos actuales, sino también anticiparnos a las oportunidades que surgen en este entorno cambiante».

Este taller representa una oportunidad invaluable para compartir experiencias, reflexionar sobre los resultados obtenidos y sistematizar aprendizajes que permitan fortalecer acciones en el ámbito social y laboral cubano.

La calidad de vida de nuestra población es un indicador clave para el éxito de las políticas públicas. Razón por la cual se debe velar por el cumplimiento adecuado de las decisiones que se toman, orientadas a mejorar su bienestar, a promover un ambiente laboral inclusivo y a fomentar el desarrollo de la sociedad.

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