Las normas publicadas en la Gaceta Oficial de la República en su edición ordinaria número 88 y que entrarán en vigor en los próximos siete días comprenden el Decreto Ley 136 Del fortalecimiento del Trabajo Social y el Decreto 182 De la creación de la estructura organizativa de las direcciones de Trabajo Social de las Administraciones provinciales y municipales.

De igual forma, estipula los acuerdos 10455 Programa de inclusión económica para la dotación de activos productivos de pequeña escala a personas en situación de vulnerabilidad multidimensional, y el 10463 que contempla el Programa de capacitación y preparación para la inserción laboral de jóvenes de 18 a 30 años que se encuentran desvinculados del estudio y el trabajo.

Escuche y descargue el reporte de la periodista Livhy Barceló.

Al respecto, Maily Morejón Concepción, directora del Observatorio Social y Laboral, explicó que la iniciativa trasciende el enfoque tradicional de la asistencia social, centrado en atender necesidades inmediatas, y procura crear condiciones para que las personas puedan desarrollar actividades económicas y generar ingresos propios.

El programa está dirigido a hogares en situación de vulnerabilidad que cuenten con integrantes aptos y dispuestos a trabajar, y que asuman el compromiso de cumplir un plan de inclusión económica.

Entre los grupos priorizados figuran las personas cuidadoras, especialmente mujeres con menores a su cargo y bajos ingresos; jóvenes de 18 a 30 años desvinculados del estudio y el trabajo; personas con discapacidad que puedan desarrollar una actividad económica, y quienes se encuentran en la informalidad laboral.

Morejón Concepción precisó que los activos productivos se agrupan en tres categorías: agropecuarios y agroecológicos; destinados a actividades artesanales, de transformación y servicios; y tecnológicos o de soporte digital, y también podrán incorporarse otros que respondan a las necesidades de cada territorio.

Por su parte, Israel Antonio Riverón Sánchez, director de Empleo del MTSS, explicó que las solicitudes se presentan en las direcciones municipales de Trabajo y Seguridad Social, por iniciativa de los interesados, mediante los trabajadores sociales o por medio de los empleadores.

Los trabajadores sociales realizan la caracterización de las personas y familias, cuyos resultados son evaluados por los grupos de atención a las políticas sociales de los consejos populares.

Posteriormente, el Servicio de Gestión de Empleo Territorial elabora, junto con el posible beneficiario, un plan individualizado que incluye las capacidades y habilidades de la persona, la actividad económica que desarrollará, los activos necesarios, la capacitación y el cronograma de implementación y se somete a la evaluación y aprobación del Consejo de la Administración Municipal.

Riverón Sánchez señaló que el financiamiento podrá proceder del presupuesto estatal destinado a la asistencia social, el Fondo de Protección Social, la contribución territorial para el desarrollo local, la cooperación internacional, donaciones, microcréditos bancarios y otros fondos autorizados.

CAPACITACIÓN REMUNERADA PARA JÓVENES DESVINCULADOS

Por otra parte, el Acuerdo 10463 que establece un programa de capacitación y preparación para la inserción laboral de jóvenes de 18 a 30 años que no estudian ni trabajan.

Según explicó Riverón Sánchez, su objetivo es facilitar la incorporación de esos jóvenes a actividades productivas y de servicios mediante cursos cortos que respondan a las necesidades de empleo de los territorios.

De manera excepcional, podrán acceder adolescentes desde los 15 años y hasta antes de cumplir los 18, previa fundamentación de su situación de riesgo social, así como personas de 31 a 35 años con responsabilidades familiares de cuidado.

El programa prioriza a residentes en localidades con desvinculación juvenil, mujeres con menores a su cargo y bajos ingresos, personas con discapacidad y jóvenes que enfrentan barreras para acceder a la capacitación o al empleo.

Los cursos tendrán una duración de uno a seis meses, con una carga mínima de 20 horas lectivas semanales, y podrán abarcar oficios de demanda territorial, emprendimientos, gestión de pequeños negocios y competencias digitales.

Durante el periodo de preparación, los beneficiarios recibirán un ingreso mensual equivalente al salario mínimo vigente y en el caso de los jóvenes en situación de vulnerabilidad, el financiamiento corresponderá a las prestaciones condicionadas de la asistencia social; para los restantes beneficiarios, será asumido por las entidades empleadoras, conforme a la legislación laboral.

Para mantener ese ingreso, deberán cumplir al menos el 85 % de asistencia a las actividades lectivas y aprobar las evaluaciones del programa formativo.

NUEVAS ESTRUCTURAS PARA FORTALECER EL TRABAJO SOCIAL

Como parte de estas transformaciones, el Decreto Ley 136 establece las bases para fortalecer el sistema de trabajo social en el país, mientras que el Decreto 182 regula la creación y organización de las direcciones de Trabajo Social de las administraciones provinciales y municipales del Poder Popular.

Rita Machín Reyes, directora de Trabajo Social del MTSS, explicó que el Decreto Ley, estructurado en cuatro capítulos, define los conceptos, principios, ámbitos de actuación y mecanismos de articulación de esta actividad.

La norma reconoce la intervención de los trabajadores sociales no solo en las comunidades, circunscripciones y consejos populares, sino también en instituciones educativas, hospitales, policlínicos y otros servicios sociales.

Asimismo, establece mecanismos de coordinación con organismos, instituciones, entidades estatales y no estatales, así como un sistema de supervisión dirigido a garantizar la calidad de las intervenciones y el desarrollo profesional de estos trabajadores.

Machín Reyes destacó que las nuevas direcciones estarán subordinadas a las administraciones de sus respectivos territorios, lo cual demandará una mayor articulación con los gobiernos locales y las instituciones vinculadas a la prevención y atención de los problemas sociales.

La directiva insistió en que la implementación de las disposiciones requerirá preparación continua, ética profesional y una participación activa de los trabajadores sociales en la identificación de los problemas y la búsqueda de soluciones.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, destacó que las nuevas transformaciones buscan fortalecer la protección social y favorecer que las personas y familias en situación de vulnerabilidad puedan generar ingresos mediante su propio trabajo.

Explicó que la asistencia social debe concebirse también como un proceso de tránsito hacia la autonomía económica, en el cual los beneficiarios aprovechen sus capacidades y las oportunidades existentes en sus localidades para superar las condiciones que motivaron su situación.

Asimismo, subrayó la importancia de rescatar el valor del trabajo como principal vía de protección social y fortalecer la preparación profesional de los trabajadores sociales.

Fuente: Granma

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El servicio se inscribe en la transformación 63, orientada a transparentar la gestión de las ayudas mediante el empleo de la plataforma Soberanía, como vía para actualizar en tiempo real el registro de personas y familias en situaciones de vulnerabilidad, sistematizar las diferentes formas de atención y favorecer su trazabilidad y control.

La posibilidad de iniciar el trámite en línea, sin embargo, no convierte la protección social en un procedimiento exclusivamente digital y tampoco sustituye las vías que existen hoy en los territorios.

«Que esto sea un servicio en línea no supone que se pierda el contacto humano», afirmó Belkis Delgado Cáceres, directora de Asistencia Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (mtss).

Explicó que la persona puede continuar acudiendo a la dirección de Trabajo de su municipio o solicitar atención por medio del trabajador social que atiende su área de residencia. También puede recurrir a estructuras comunitarias como el delegado de la circunscripción, el médico de la familia u otras organizaciones del territorio, que pueden canalizar una solicitud hacia la institución facultada para evaluarla.

UN TRÁMITE QUE PUEDE COMENZAR DESDE CASA

El servicio permite solicitar protección para uno mismo, pero también para otra persona que, a juicio del ciudadano, se encuentre en una situación que requiera atención, aunque esta no haya realizado previamente una solicitud.

Para utilizarlo es necesario contar con una identidad digital certificada en Soberanía. De acuerdo con Wilfredo González Vidal, director general del Centro de Gobierno Digital, más de 51 300 personas ya cuentan con esa identidad en el país, aunque el ritmo de incorporación todavía no es el deseado debido a la complejidad del proceso.

Una vez que el ciudadano accede al servicio, puede realizar la solicitud desde su casa y en cualquier horario. No tiene que ajustarse al horario de funcionamiento de una oficina ni desplazarse utilizando transporte público.

Además, comentó González Vidal, el servicio no consume datos móviles, una condición que amplía sus posibilidades de utilización en un contexto en el que el acceso y el costo de la conectividad también pueden constituir una barrera.

Sobre ello Delgado Cáceres manifestó que, detrás de esa interacción con el ciudadano se encuentra el sistema Bienestar, encargado de gestionar el proceso y hacer llegar la solicitud a la estructura municipal correspondiente. De esta manera, cuando el trabajador social acude al domicilio, ya dispone de información sobre el caso.

Añadió que la visita al hogar se mantiene como parte esencial del procedimiento, entre otras razones porque la información introducida por el ciudadano puede resultar insuficiente o requerir precisiones. El trabajador social debe conversar con la familia, ampliar los datos, evaluar la composición del núcleo y sus ingresos, conocer la problemática existente y desarrollar la investigación correspondiente.

La plataforma facilita, por tanto, el inicio y seguimiento del trámite; la evaluación continúa desarrollándose en el territorio.

¿QUIÉN TOMA LA DECISIÓN?

La Directora de Asistencia Social aclaró que los mismos requerimientos que se aplican al trámite presencial se mantienen para la solicitud en línea. Una vez realizada la investigación, el trabajador social presenta una propuesta al consejo de dirección de la estructura del ministerio en el municipio.

«Se trata de un órgano colegiado y no de la decisión individual de un funcionario. Allí se determina si corresponde aprobar o denegar la protección solicitada y se adopta el acuerdo que posteriormente se comunica al beneficiario», detalló.

El plazo establecido para completar este proceso es de hasta 30 días. Durante ese periodo deben desarrollarse la evaluación, la visita del trabajador social, el análisis de los ingresos y de la situación familiar, la presentación del caso ante el consejo de dirección y la notificación de la decisión. Esta última puede recibirse a través de la propia plataforma, pero también de manera presencial.

González Vidal subrayó que la aspiración es que el ciudadano reciba información sobre el resultado del trámite y las causas de una eventual denegación. El desafío, en este punto, no es únicamente tecnológico: se trata de que el nuevo canal sea capaz de generar confianza en la institución.

«El reto es difundir el servicio y evitar que cualquier falla rompa la confianza del ciudadano en la institución», señaló.

Esa confianza resulta particularmente importante en un servicio que interviene sobre situaciones de vulnerabilidad. Una plataforma que permita presentar una solicitud en pocos minutos pierde utilidad si después el ciudadano no conoce qué ocurrió con ella, por qué fue aprobada o denegada o cuánto tiempo debe esperar para obtener una respuesta.

¿QUÉ PUEDE SOLICITARSE?

Dentro del servicio aparecen diferentes prestaciones y servicios de la asistencia social. Entre ellos figuran la asistencia social a domicilio, los servicios de cuidado para personas en situación de dependencia –fundamentalmente adultos mayores y personas en situación de discapacidad–, la protección a familias con hijos en situación de discapacidad severa, el sistema de atención a la familia, las prestaciones monetarias temporales y la entrega de recursos a familias en situaciones sociales complejas, entre otros.

Delgado Cáceres expuso que las opciones no son excluyentes. Declaró que la existencia de estas opciones no significa que todas las solicitudes terminen en una prestación. El sistema debe evaluar cada situación de acuerdo con las condiciones establecidas legalmente.

Los primeros resultados lo evidencian. Hasta el momento de la entrevista se habían registrado 110 casos en la plataforma: 39 aprobados, 31 denegados y 40 en proceso, estos últimos todavía dentro del plazo establecido.

Entre los aprobados se encuentran prestaciones monetarias temporales, asistencia social a domicilio, entrega de recursos, servicios de cuidado para familias con hijos en situación de discapacidad severa y solicitudes vinculadas con casas de abuelos.

VULNERABILIDAD Y LÍMITES DE LA ASISTENCIA SOCIAL

Las solicitudes denegadas también ofrecen una lectura de las dificultades que enfrenta el sistema. Según Delgado Cáceres, en buena parte de esos casos la evaluación determinó la existencia de otros ingresos dentro del núcleo familiar, por encima del umbral establecido legalmente para ser beneficiario.

Reflexionó que el contexto económico puede hacer que una persona, aun trabajando o siendo pensionada, perciba que sus ingresos resultan insuficientes para cubrir sus necesidades. La inflación y el aumento de los gastos cotidianos pueden profundizar esa percepción de vulnerabilidad. Sin embargo, la asistencia social debe aplicar los criterios establecidos para determinar quiénes reúnen las condiciones para recibir una prestación.

Otro grupo de solicitudes denegadas correspondió a núcleos en los que había personas con capacidad para incorporarse al empleo. La protección social parte de que, para quienes están en condiciones de trabajar, el empleo constituye la primera forma de protección. Solo después de valorar esa posibilidad y la situación integral del núcleo corresponde determinar si procede una prestación de la asistencia social.

El procedimiento digital no modifica esos criterios. Soberanía puede hacer más accesible la solicitud, pero no elimina la evaluación social ni convierte automáticamente una situación de dificultad económica en una condición para recibir una prestación.

UN SERVICIO NUEVO ANTE UNA POBLACIÓN QUE ENVEJECE

Un dato de los primeros meses de funcionamiento resulta particularmente significativo: el 70 % de las personas que han solicitado ayuda mediante la plataforma son adultos mayores.

La directiva del MTSS destacó que la cifra vuelve la mirada hacia una población que crece en Cuba y que demanda cada vez mayor atención y cuidados. También muestra uno de los posibles usos de una herramienta que permite solicitar ayuda sin que el interesado tenga que trasladarse hasta una institución.

Al mismo tiempo, el dato debe leerse con cautela. Se trata de un servicio nuevo, todavía en proceso de perfeccionamiento y conocimiento por parte de la población.

La principal transformación que introduce el servicio no está en sustituir al trabajador social por una plataforma, sino en modificar la manera en que una necesidad puede llegar hasta él.

El desafío está planteado: hacer que la tecnología acerque la protección social a quienes la necesitan, sin que la pantalla termine convirtiéndose en una nueva distancia entre el ciudadano y la institución.

Fuente: Granma

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La disposición principal, el Decreto-Ley 137, De la contratación de trabajadores para realizar labores administrativas, técnicas o de servicios a las representaciones extranjeras, establece que las representaciones comerciales extranjeras podrán contratar directamente a sus trabajadores o seguir utilizando entidades empleadoras autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Para el resto de las representaciones (misiones diplomáticas, organismos internacionales, agencias de prensa, escuelas internacionales, funcionarios extranjeros, entre otras), se mantiene la obligatoriedad de hacerlo a través de entidades empleadoras.

CONTRATACIÓN DIRECTA Y RÉGIMEN LABORAL

Como complemento, la Resolución 62/2026 del MTSS establece el Reglamento sobre el régimen laboral aplicable a las personas contratadas para prestar servicios en las representaciones extranjeras. La norma desarrolla la contratación directa, las funciones de las representaciones y de las entidades empleadoras, el pago por el suministro de fuerza de trabajo y las indemnizaciones.

Entre los aspectos más destacados del reglamento, se encuentra la obligación de que las representaciones comerciales extranjeras y las entidades empleadoras incorporen, como mínimo, a un trabajador cubano por cada extranjero para la prestación del servicio requerido. Además, se prohíbe que los trabajadores del sector reciban ingresos inferiores a los que percibían antes de la entrada en vigor de la norma.

Asimismo, regula la terminación del contrato de trabajo, que procede por las causas establecidas en la legislación laboral vigente, a las que se adicionan: la solicitud fundamentada de la representación extranjera de prescindir de los servicios del trabajador; el cierre de la representación extranjera, ya sea por su propia decisión o por no renovación o cancelación de la licencia; y el incumplimiento de la obligación de pago por la representación extranjera del contrato de suministro de fuerza de trabajo.

En materia de indemnizaciones, la resolución establece que la representación extranjera puede devolver al trabajador contratado a la entidad empleadora cuando no satisfaga las exigencias del trabajo o por cualquiera de las causales previstas.

En ese sentido, la indemnización se paga una sola vez y se calcula como un mes del pago por el suministro del trabajador por hasta un año de servicios; cuatro meses por más de un año y hasta cinco años; seis meses por más de cinco y hasta diez años; y un año completo por más de diez años de servicios.

AMPLIACIÓN DE OPERACIONES PARA SUCURSALES

El Decreto 183, modificativo del Decreto 32/2021, amplía el ámbito de actividades de las sucursales, permite importar y exportar directamente con carácter comercial; e incorpora como causal de cancelación de la licencia, que la casa matriz se encuentre en proceso de disolución, liquidación o extinción.

Por otro parte, las sucursales también podrán realizar operaciones de importación sin carácter comercial, de acuerdo con lo regulado en la legislación.

Además, las oficinas de representación y sucursales inscritas que interesen realizar comercio minorista e inversiones podrán establecerse como empresas de capital totalmente extranjero al amparo de la Ley de la Inversión Extranjera.

CANCELACIÓN DE LICENCIAS E IMPORTACIÓN SIN CARÁCTER COMERCIAL

Entre tanto, la Resolución 152/2026, del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, actualiza las causales de cancelación de la licencia: solicitud de la propia sociedad mercantil; terminación o resolución del contrato de agencia o representación; incumplimiento injustificado en el pago de la cuota por derecho de inscripción; que la sociedad mercantil se encuentre en proceso de disolución, liquidación o se haya extinguido; que no se interese su renovación en el plazo establecido; que habiéndose solicitado la renovación, esta fuera desestimada por no mantenerse las condiciones que justificaron su otorgamiento; o que concurran actuaciones contrarias a las regulaciones vigentes, razones de orden público, de interés nacional o se modifiquen las condiciones e intereses que justificaron la autorización.

De igual forma, la Resolución 151/2026 autoriza a las oficinas de representación a importar, para garantizar su funcionamiento y realizar las actividades o prestación de servicios autorizados, artículos como mobiliario, enseres, entre otros equipos para el establecimiento de las oficinas.

Como disposiciones transitorias se establece que las oficinas de representación y sucursales inscritas que interesen realizar comercio minorista e inversiones podrán instituirse como empresas de capital totalmente extranjero al amparo de la Ley de la Inversión Extranjera. Además, las representaciones comerciales extranjeras que resuelvan el contrato de suministro de fuerza de trabajo con la entidad empleadora y decidan contratar directamente la fuerza de trabajo que necesitan, acordarán con la empleadora un período transitorio no mayor de 60 días naturales para la entrega ordenada de la documentación y procedimientos relacionados con el capital humano.

Fuente: Granma

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La información fue ofrecida en conferencia de prensa por Jesús Otamendiz, ministro de Trabajo y Seguridad Social, y Guillermo Sarmiento Cabañas, director de Organización del Trabajo del mencionado ministerio.

El contenido del referido Decreto 164 y sus normas complementarias se publicaron la víspera en la Gaceta Oficial No. 63 Ordinaria de 2026.

El Decreto tiene como objetivo establecer las regulaciones que acreditan a las entidades empresariales del sistema estatal para determinar, de forma descentralizada, la organización de su sistema salarial.

La número 9 de las transformaciones previstas pretende descentralizar hacia el sistema empresarial estatal la facultad de aprobación de la escala salarial.

Los niveles salariales serán negociados con los trabajadores, con la participación del sindicato, y teniendo en cuenta que los sueldos dependerán de la capacidad económica y financiera de la empresa.

El documento jurídico elimina las restricciones y límites establecidos en relación con:

• La autorización previa a las entidades del sistema empresarial para implementar una organización salarial propia.
• El aporte por el rendimiento de la inversión estatal o el pago de dividendos a los socios como indicadores para planificar y ejecutar el fondo de salarios, estableciendo que este se condiciona a la capacidad económica y financiera de la entidad.
• La estructura del salario, que se determina de acuerdo con las características de la entidad y forma parte de su organización salarial.
• El papel de la dirección de la entidad en la participación de la organización del sistema salarial, y refuerza la participación de la organización sindical y de los propios trabajadores en la negociación del salario.
• Mantiene el tratamiento previsto para determinar el fondo de salarios en las entidades cuyo objeto es prestar servicios públicos universales con accesibilidad, regularidad, calidad y seguridad, o realizar actividades exclusivas del Estado.
• El fondo de salarios se determina teniendo en cuenta el salario medio de las empresas de la actividad económica y del territorio donde operan, considerando la diversidad de actores económicos existentes, así como las posibilidades financieras del Presupuesto del Estado.
• Establece igual tratamiento para la empresa que, de forma excepcional, sea autorizada a planificar pérdidas por parte de la autoridad facultada y que, por su importancia estratégica, debe preservar la fuerza de trabajo calificada, siempre que exista la fuente para financiarlo.
• Instaura la autoridad y las reglas generales para la aprobación del salario por complejidad del trabajo.

En tanto, Sarmiento Cabañas insistió durante la conferencia de prensa en que es necesario esclarecer que a mayor eficiencia y productividad serán más altos los salarios.

Los propios trabajadores serán responsables, con su desempeño laboral, de que la empresa crezca y puedan recibir mejores ingresos.

Fuente: Cubadebate

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Los trabajadores que se encuentran disfrutando de vacaciones anuales pagadas, licencias no retribuidas, subsidios de seguridad social o garantías salariales por los conceptos previstos en la ley, continúan recibiendo dicho tratamiento.

No corresponde trasladar el descanso del 26 de julio de 2026, pues a pesar de coincidir con el descanso dominical, el día posterior es feriado.

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A continuación, la reproducción íntegra de la nota de prensa:

El 1° de mayo es un día de conmemoración nacional para celebrar, el “Día Internacional de los Trabajadores”, conforme lo previsto en el artículo 94 de la Ley 116, Código de Trabajo, del 20 de diciembre de 2013.

El viernes 1° de mayo recesan las actividades laborales, excepto las relacionadas con la zafra azucarera y otros trabajos agrícolas urgentes, industrias de procesos de producción continua, labores inaplazables de carga y descarga; servicios de transporte y su aseguramiento técnico indispensable, hospitalarios y asistenciales, farmacias, expendios de combustible, funerarias, jardines vinculados con estas y cementerios, servicios de hospedaje, centros turísticos, comunicaciones, transmisiones de radio y televisión, servicios públicos básicos, actividades de pesca y otras autorizadas por la ley, en cuyo caso se abona el pago doble del salario por todas las horas trabajadas, según el tratamiento salarial previsto en el artículo 111 del Código de Trabajo.

Los trabajadores que se encuentran disfrutando de vacaciones anuales pagadas, licencias no retribuidas, subsidios de seguridad social o garantías salariales por los conceptos previstos en la ley, continúan recibiendo dicho tratamiento.

No corresponde trasladar el descanso del 1ro de mayo de 2026 pues no coincide con el descanso dominical.

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Se exceptúan las relacionadas con la zafra azucarera y otros trabajos agrícolas urgentes, industrias de procesos de producción continua, labores inaplazables de carga y descarga; servicios de transporte y su aseguramiento técnico indispensable, hospitalarios y asistenciales, farmacias, expendios de combustible, funerarias, jardines vinculados con estas y cementerios, servicios de hospedaje, centros turísticos, comunicaciones, transmisiones de radio y televisión, servicios públicos básicos, actividades de pesca y otras autorizadas por la ley.
El tratamiento salarial es el que se establece en la Resolución 9 del 18 de abril de 2025.

( Con información de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social )

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El miembro de la comisión organizadora del 22 congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, Leovanys Ávila Góngora aclaró que las modificaciones realizadas a la norma no solo estarán en consonancia con el número de planteamientos, sino con la importancia de la propuesta.

Según su criterio” es un código de trabajo de los más avanzados del mundo”. Amplia las protecciones a las madres trabajadoras y a los jóvenes. En los intercambios se reconoció que las personas tienen capacidad jurídica para trabajar a partir de los 18 años y excepcionalmente puede hacerlo con 15 o 17 años, en estos casos puntuales las personas tienen protección.

Ávila Góngora mencionó entre los temas más debatidos la entrega de la licencia no retribuida por parte del empleador, los años del servicio social, la edad para adquirir la capacidad jurídica y la excepcionalidad para incorporación al empleo de los adolescentes entre 15 y 17 años.

Agregó el tema de la póliza de seguros, novedoso en el código ha causado preocupación entre trabajadores y empleadores. El termino persona trabajadora de confianza, el expediente laboral, la pluriactividad, la extensión de la licencia no retribuida para permanecer en el exterior y el término de persona trabajadora con diversidad de criterios.

Un asunto planteado como preocupación que, aunque no tiene que ver directamente con el texto del anteproyecto de ley, es lo relacionado con la edad de jubilación y el salario, coincidiendo con reclamos de los trabajadores durante los procesos orgánicos del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba.

Por su parte, la directora jurídica y de relaciones internacionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Yiseilis Ferrer Nariño señaló que el equipo multisectorial, encargado del estudio de las observaciones, avanza en el análisis de las propuestas, no obstante, hay temas complejos a los cuales no se ha podido llegar a un consenso.

Se han aceptado, hasta la fecha, el 33% de las observaciones de los trabajadores. Reconoce la directiva el avance del proceso si se toma en cuenta que se habla de más de 17 mil observaciones,‌ «No se han dejado de evaluar ninguno los criterios, incluso se analiza si un cambio de termino podría influir de objetivo de la propuesta».   

Uno de los temas más recurrentes en el intercambio con los trabajadores resultó el pluriempleo y la demanda de eliminar el límite de hasta 13 horas de trabajo refrendado en el documento.

La directora jurídica también agregó que existen propuestas que abogan por eliminar el articulado que define que el pluriempleo solo puede hacerse en diferentes horarios y en diferentes entidades.

Durante el proceso de consulta se realizaron más de 96 mil propuestas al anteproyecto de ley del Código de Trabajo que será sometido a aprobación en el séptimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura.

Escuche y descargue la propuesta radial.

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Dicha cartera califica de “comunicado falso y malintencionado” la información que está circulando en las redes sociales al respecto. El contenido de ese documento no emana de ninguna institución del Gobierno cubano. Su objetivo es sembrar la desinformación, señala.

El ministerio cubano en su desmentido de este domingo indica, “Convocamos a nuestro pueblo a mantenerse informados a través de los canales oficiales, los órganos del Poder Popular y los medios fundamentales de Comunicación Social en sus diversas plataformas.

Igualmente, la presidencia en su cuenta de X posteó, “No es cierta la información que circula en redes sociales y que se atribuye a la Presidencia de la República de Cuba, sobre un supuesto cese de actividades en el país.

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La norma, explicada en conferencia de prensa por Guillermo Sarmiento Cabañas, director de Organización del Trabajo del MTSS, representa la descentralización de la facultad de aprobar la organización salarial hacia las empresas.

Sarmiento enfatizó que este cuerpo legal, que tiene su génesis en 2021, ha significado un gran avance ”porque transfiere al sistema empresarial la facultad de aprobar el salario de sus trabajadores”, desvinculándose de la obligatoriedad de sujetarse únicamente a la escala salarial única y los calificadores de cargos centralizados por el Ministerio.

“Se hace a él una descentralización de la facultad y la gestión del capital humano”, subrayó. Agregando que esta medida “pone en similitud de condición a todos los actores económicos para decidir sobre asuntos esenciales”.

El directivo contextualizó que el decreto se elaboró teniendo en cuenta experiencias previas, como el Decreto 98 para el turismo, y que su esencia es otorgar “mayor flexibilidad” al sistema empresarial.

Los resultados de la política aplicada desde 2023, considerada la antesala de este decreto, fueron expuestos como un aval. Más de 100 entidades, que representan el 45% del sistema empresarial estatal (según datos de septiembre), ya han implementado este modelo.

Este grupo, aunque minoritario en número, concentra más del 64% de las ventas y el 71% de la utilidad de todo el sistema. Además, presenta una productividad media de 46000 pesos, superior en más de 14000 pesos al resto, y un salario medio de 9558 pesos, que supera en más de 2000 pesos la media del sistema.

Una evaluación conjunta con las empresas, las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) y los sindicatos identificó como positivo el carácter “novedoso” de la medida y su contribución a “modernizar la gestión”.

También se reconocieron limitaciones y trabas en la normativa anterior (Decreto 37) que fue necesario modificar. Este proceso de evaluación, en el que participaron los ministerios de Trabajo, Economía y Planificación, Finanzas y Precios, y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), condujo a la elaboración del nuevo Decreto 138 y su norma complementaria, el Decreto 130.

Principios rectores y el alcance de la organización salarial

Sarmiento detalló que el objetivo principal de la norma es “promover, estimular el incremento de productividad, de eficiencia” y, como consecuencia, “aportar al presupuesto del Estado”.

El impacto en el ingreso de los trabajadores es visto como un resultado directo, pero “la esencia está en transformar la gestión de los recursos humanos”. La empresa ahora debe diseñar técnicamente su sistema, aplicando métodos científicos e innovación.

La “organización salarial” se define como el proceso mediante el cual la empresa diseña la arquitectura que define la remuneración. Esto comprende el diseño de su escala salarial específica, la evaluación y clasificación de los puestos de trabajo, la determinación del salario para cada cargo o grupo de cargos, y el establecimiento de los sistemas de pago adicional y por rendimiento.

Un aspecto destacado es el procedimiento de aprobación. La organización salarial debe ser aprobada por el jefe de la entidad, “sin previa evaluación” externa, pero tras un análisis en el Consejo de Dirección y, de manera fundamental, “de común acuerdo con la organización sindical” correspondiente.

Luego se refrenda en una disposición interna y se lleva a conocimiento de la Asamblea General de trabajadores, integrándose al convenio colectivo de trabajo. “No puede ser la decisión unipersonal de un jefe”, recalcó Sarmiento.

La norma se sustenta en cinco principios constitucionales y legales: igualdad (para trabajo de similar complejidad), diferenciación (reconocimiento individual), distribución (pago según cantidad y calidad del trabajo), dinámica (vinculación a resultados de la empresa) y uno novedoso: el principio de protección mínima.

Este establece que el salario en la nueva organización no puede ser inferior al salario mínimo nacional, ni tampoco al salario básico que el trabajador percibía el año anterior.

“Es un principio más protector”, destacó, explicando que antes la protección solo se refería al salario básico en el momento inicial de aplicación.

Condiciones, indicadores y tratamientos diferenciados

La aplicación de esta facultad no es automática para todas las empresas. Está condicionada al cumplimiento de un requisito central: no deteriorar el aporte por rendimiento de la inversión estatal o el pago de dividendos al presupuesto, en comparación con el año anterior.

Este es un indicador sintético, fiscal, que reemplaza a los cuatro indicadores que se exigían antes. “La empresa tendrá que tener más utilidad, mayor nivel productivo… para poder llegar a ser más eficiente”, explicó Sarmiento.

El decreto introduce tratamientos diferenciados para reconocer la naturaleza diversa de las empresas:

• Servicios públicos y actividades exclusivas del estado (como la Empresa Eléctrica): Se les aplica un tratamiento especial, pues no siempre pueden lograr altas utilidades por su función social. El Estado puede decidir, en correspondencia con las posibilidades presupuestarias, asignarles un fondo de salario para mantener la fuerza laboral.
• Empresas de alto valor añadido y alta productividad: Reciben un tratamiento más específico , exigiéndoles un crecimiento sistemático de la productividad y del aporte fiscal. Se incluyen aquí las dedicadas a la exportación, a las que se les evalúa principalmente por indicadores físicos (volumen de producción) para aislarlas de las fluctuaciones de precios en el mercado mundial.
• Empresas de nueva creación: La nueva política las incluye, a diferencia de la anterior, estableciendo reglas para que puedan diseñar su organización salarial.
• Unidades Empresariales de Base (UEB) autorizadas: Se faculta al director de la empresa para aprobar la organización salarial en una UEB con resultados favorables, incluso si la empresa matriz no los tiene en su conjunto, siempre que a la UEB se le puedan medir sus resultados de forma independiente.

Novedades en los sistemas de pago y ejecución

El decreto generaliza la aplicación de un sistema de pago por rendimiento a todos los trabajadores de la empresa, directos o indirectos. Establece que, como mínimo, el 30% del fondo de salario debe responder a este concepto. “Siempre se va a tener un pago por resultado”, afirmó Sarmiento.

Respecto a los pagos adicionales (complementos al salario por conocimientos, condiciones, etc.), la norma aclara que aquellos establecidos en la legislación general (como por doctorado, maestría, o por trabajar en la Administración Pública) se mantienen con su cuantía fija y son inmodificables por la empresa.

Sin embargo, la empresa sí tiene la facultad de crear y aprobar otros pagos adicionales por año de servicio, certificaciones internacionales, o por realizar actividades adicionales, entre otros conceptos. El MTSS publicó una resolución (la 17) que establece los límites máximos para estos pagos.

En la ejecución, hay una regla beneficiosa: las empresas que superen su aporte por rendimiento al presupuesto (en valor absoluto) pueden aumentar su fondo de salario.

Este incremento no está condicionado a una proporción rígida con la utilidad, pero debe garantizar que el aporte fiscal no se deteriore. Si al cierre del año el aumento del salario causara un incumplimiento del aporte planificado, la diferencia se convierte en una obligación de pago para la empresa.

Responsabilidades, control y papel de los actores

El decreto refuerza las responsabilidades de todos los niveles. Los jefes de las OSDE (ministros, gobernadores, presidentes de consejos municipales) tienen la facultad de autorizar excepciones al requisito de cumplimiento del indicador, en casos justificados como movimientos organizativos o ciclos largos de investigación, pero siempre que el sistema empresarial en su conjunto no deteriore su aporte al presupuesto.

A las empresas que no cumplan las condiciones para aplicar el decreto, se les exige elaborar un programa de trabajo de un año para lograr su implementación. Los jefes de las OSDE deben informar al Consejo de Ministros sobre los resultados de estos programas, identificando las causas de los incumplimientos y las medidas correctivas.

La responsabilidad de velar por el cumplimiento recae también en las juntas de gobierno de las empresas, como representantes del Estado. El proceso de control involucra de manera coordinada al MTSS, al Ministerio de Economía y Planificación (por el plan) y al Ministerio de Finanzas y Precios (por el presupuesto y el indicador fiscal).

La participación sindical y la defensa de los trabajadores

Durante la presentación, se enfatizó repetidamente el papel protagónico de los sindicatos y los trabajadores. Yiseilis Nariño Ferrer, directora jurídica y de Relaciones Internacionales del MTSS, comentó que “en la medida que las personas que trabajan en la entidad… conozcan, dominen, se incorporen y participen en el proceso, en esa medida también el trabajador tendrá la posibilidad de saber exigir” sus derechos.

El “común acuerdo” con el sindicato es un requisito legal obligatorio, no una mera consulta. “No es el criterio del secretario de la sesión sindical. Es la evaluación de la organización sindical”, precisó Sarmiento. Todo el diseño de la organización salarial, así como cualquier ajuste posterior, debe ser analizado y aprobado en la Asamblea General de afiliados y trabajadores, y quedar reflejado en el convenio colectivo de trabajo.

Nariño Ferrer recordó a los trabajadores las vías establecidas para reclamar en caso de inconformidad, siendo el órgano de justicia laboral la instancia fundamental. “A veces perdemos tiempo quejándonos… lo tienen que conocer porque el sistema de justicia laboral es la vía hoy establecida”, afirmó.

Impacto general y perspectivas

Sarmiento resumió los impactos fundamentales del Decreto 138:

1. Contribuye a incrementar la ciencia empresarial, la eficiencia y el aporte al presupuesto.
2. Amplía la descentralización, eliminando trabas a la autonomía y responsabilidad empresarial.
3. Ofrece mayor claridad y precisión sobre el alcance de las facultades descentralizadas.
4. Promueve mayor estabilidad de los recursos humanos y atrae talento.
5. Avanza en la transformación de la estructura del ingreso de los trabajadores, favoreciendo la parte salarial sobre otras remuneraciones.
6. Fortalece la participación sindical y de los trabajadores en decisiones clave.

Con la publicación de esta norma, el gobierno cubano espera que para el plan del 2026 un mayor número de empresas puedan incorporarse a este sistema, con el propósito último de “lograr un adecuado balance entre el resultado que tiene este tipo de empresa y el ingreso del trabajador” y, en definitiva, “modernizar la gestión” de la empresa estatal cubana.

(Cubadebate)

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En la ocasión la Empresa Industria Electrónica Camilo Cienfuegos fue reconocida por la CTC y el MTSS por sus resultados en el seguimiento e implementación de las normas correspondientes.

Edel Gómez, director de la Empresa Industria Electrónica Camilo Cienfuegos, dijo que en la materia han logrado tener una política aprobada, se trabaja en su certificación como Empresa Saludable, cuenta con personal capacitado en una cultura de prevención y una tasa de incidencias de accidentes de trabajo con tendencia a cero.

Ángel San Martín Dupoté, jefe del Departamento Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo del MTSS al pronunciar las palabras centrales manifiesto que el enfrentamiento al huracán Melissa ratificó la capacidad organizativa, de prevención y movilizativa de Cuba, que prioriza la seguridad y protección de los seres humanos.

Señaló además que cada año en el mundo mueren aproximadamente tres millones de trabajadores por accidentes y enfermedades relacionadas con sus labores, según datos ofrecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En el caso de Cuba, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información recién publicó que de enero a junio en el país sucedieron 436 accidentes de trabajo, con 420 lesionados y 15 fallecidos, cifras inferiores a igual etapa del año anterior.

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Como se afirmó en el Seminario de Preparación, realizado el pasado junio, ninguna garantía se elimina sino que se amplían, velando siempre por un balance entre los derechos individuales, los colectivos y los intereses de la administración del trabajo.

Olgalidi Alapón Travieso, experta de la Dirección Jurídica y Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), comentó que el Código establecerá los mecanismos judiciales, institucionales y sindicales para hacer valer esos derechos y deberes, así como desarrollará lo concerniente a las relaciones colectivas de trabajo, mediante la participación efectiva de las personas trabajadoras y la negociación colectiva.

En declaraciones al semanario Trabajadores, precisó que entre las principales modificaciones está tener 17 o 18 años de edad para establecer relaciones de trabajo; así como la prohibición de utilizar el contrato por tiempo determinado para labores de carácter permanente, y que el empleador pueda terminar la relación de trabajo por motivos de embarazo, o condicionar la contratación, permanencia o promoción en el empleo de las trabajadoras debido a ese estado.

Significó que la aplicación de este Código –una vez que se someta a aprobación– será válido para todas las formas de empleo.

El anteproyecto contempla cambios en cuanto al procedimiento para la asignación de los recién graduados y el cumplimiento del servicio social, y la obligación de los empleadores, incluidos los del sector no estatal, de proteger los ingresos de la persona trabajadora ante interrupciones laborales o el cese de la relación de trabajo.

(Fuente: Granma)

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