Un país polarizado

La elección de Fujimori se dio en medio de un escenario de polarización extrema. Por un lado, sectores que ven en ella la posibilidad de estabilidad económica y un liderazgo firme; por otro, ciudadanos que asocian su apellido con el autoritarismo, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori. Las calles de Lima y otras ciudades se llenaron de manifestaciones tanto de apoyo como de rechazo, reflejo de un país dividido en dos visiones irreconciliables.

El regreso del fujimorismo

El retorno del fujimorismo al poder genera interrogantes sobre el rumbo institucional del país. Para sus simpatizantes, Keiko representa la oportunidad de retomar políticas de orden y crecimiento económico. Sin embargo, críticos advierten que este regreso podría significar un retroceso en materia de democracia y transparencia.

La resistencia hacia Keiko Fujimori es palpable. Amplios sectores sociales, organizaciones de derechos humanos y movimientos juveniles han expresado su rechazo, ya que temen que su gobierno reproduzca prácticas cuestionadas del pasado. La consigna “Nunca más dictadura” resonó en las protestas, lo cual evidencia que la memoria histórica sigue viva y que la legitimidad de su mandato será constantemente puesta a prueba.

Durante los años de gobierno de Fujimori, se implementaron campañas de esterilización forzada, especialmente en comunidades indígenas y rurales, que afectaron a miles de mujeres sin su consentimiento.

De los 27 millones de ciudadanos habilitados para votar en Perú, unos 2,8 millones respaldaron a Fujimori en la primera vuelta, lo que equivale a cerca de una décima parte del padrón electoral. En el balotaje, su apoyo creció hasta alcanzar 9,2 millones de votos, aproximadamente un tercio del electorado. La diferencia frente al candidato de Juntos por el Perú, el representante de la izquierda Roberto Sánchez, fue mínima: apenas 49.641 sufragios, menos del 0,3 % del total emitido. El proceso electoral estuvo marcado por denuncias de irregularidades y cuestionamientos sobre su transparencia.

Detrás de estas cifras se refleja una crisis de representatividad que arrastra el país desde hace años, donde el voto suele funcionar más como un castigo al adversario o como la elección del mal menor que como un respaldo genuino. El primer gran reto de la nueva mandataria se presentará en el Parlamento, instancia que será clave para definir la estabilidad de su gobierno.

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México, con Marcelo Ebrard al frente de las negociaciones, intenta proyectar calma: las revisiones anuales, asegura, permitirán resolver inconformidades paso a paso. Pero la realidad es que la incertidumbre golpea a las cadenas de suministro, especialmente en el sector automotriz, donde plantas y empleos dependen de reglas claras y duraderas.

Canadá, por su parte, defiende su posición de fortaleza, recordando que aporta recursos, estabilidad y confianza. Sin embargo, la estrategia bilateral de Washington deja a Ottawa en un terreno más áspero.

El trasfondo es evidente: Trump y su círculo cercano, con Jamieson Greer como figura ascendente, buscan convertir el T-MEC en un instrumento de presión más que en un pacto de integración. La pregunta es si México y Canadá aceptarán jugar bajo esas reglas o si apostarán por reforzar la unidad regional frente a un socio que hoy parece más interesado en imponer condiciones que en construir futuro compartido.

En vigor desde 2020

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) fue firmado durante el primer mandato de Donald Trump en 2020 y contemplaba una revisión a partir del 1 de julio de este año. En aquel entonces, el republicano lo calificó como “el mejor acuerdo que jamás había logrado”.

El pacto tiene una duración total de 16 años, hasta 2036, aunque cualquiera de los tres países puede retirarse con un aviso previo de tres meses. El T-MEC representa un instrumento clave de integración económica, regulando un intercambio comercial cercano a los dos billones de dólares anuales y sustituyó al antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde los años noventa. Desde la firma del primer acuerdo, las economías de los tres socios se han entrelazado, especialmente en sectores como el automotriz, generando millones de empleos cuya desarticulación sería compleja.

Estados Unidos, sin embargo, mantiene abierta la posibilidad de abandonar formalmente el pacto, lo que requeriría anunciarlo con seis meses de antelación. “El hecho de que tenga un plazo de 10 años no significa que haya que esperar ese tiempo para concluirlo”, advirtió un alto funcionario estadounidense. “El presidente conserva el derecho, según la ley, de retirarse incluso antes de ese periodo”, añadió. La conclusión, según el mismo funcionario, es que Trump ha transformado la dinámica comercial entre los tres países bajo sus nuevas políticas arancelarias y de comercio.

Más detalles

• Origen: El T-MEC sustituyó al TLCAN en 2020, creando una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo.
• Duración prevista: 16 años, con posibilidad de extensión si las tres partes lo acuerdan.
• Actual situación: Estados Unidos rechazó extenderlo en su formato actual y propone revisiones anuales por al menos 10 años.

Decisión de Estados Unidos:

• Motivo principal: Supuestamente reducir déficits comerciales con México y Canadá.
• Estrategia: Washington busca presionar a empresas para invertir en territorio estadounidense, en línea con un enfoque de nacionalismo económico.
• Áreas conflictivas: Agricultura (maíz), productos lácteos y automotriz.

Respuesta de México:

• La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía Marcelo Ebrard insisten en que el tratado sigue vigente y puede renovarse si hay consenso.
• Próxima negociación: Ronda bilateral con EE.UU. programada para el 20 de julio de 2026.

Posición de Canadá:

• Canadá participa en las conversaciones, aunque Washington ha privilegiado canales bilaterales en lugar de una mesa trilateral.
• Preocupación por el impacto en la industria automotriz y las cadenas de suministro.

Riesgos y escenarios:

• Desconexión gradual: Si no se alcanza un acuerdo, el tratado podría extinguirse en 2036.
• Presión política: Trump ha amenazado con retirarse por completo del T-MEC, lo que aumentaría la tensión en la región.
• Empresas afectadas: Sectores clave como automotriz, agrícola y tecnológico enfrentan mayor incertidumbre regulatoria.

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Sistema bancario y financiero:
•La banca privada podrá operar bajo la supervisión del Banco Central de Cuba (BCC) en condiciones regulatorias similares a las estatales.
• Se autorizará la creación de instituciones financieras privadas -nacionales o extranjeras- para otorgar microcréditos.
• Se abrirán nuevas vías de capitalización bancaria más allá del presupuesto estatal.
• Se acelerará la automatización de procesos y la reducción de trámites.

Transferencias y pagos:
• Transfermóvil recibirá licencia como institución financiera no bancaria.
• Se eliminarán los límites en transferencias y extracciones para personas naturales y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras.
• Se levantarán las restricciones a pagos en divisas entre empresas con capital extranjero y proveedores nacionales.

Apertura y tecnología:
• Personas naturales y jurídicas podrán abrir cuentas en divisas sin autorización previa.
• Se establecerá un marco regulatorio para activos virtuales y tecnologías financieras, con entidades dedicadas a operaciones nacionales e internacionales.
• Se incorporará la figura de agente de pago de última milla para formalizar remesas mediante canales privados.

Política económica:
• Se actualizará la estrategia de tratamiento de la deuda externa, y se adaptará a las condiciones actuales.
• Se ajustará el sistema de tasas de interés. Se incluyen los bonos soberanos.

.El primer ministro subrayó que estas propuestas se integran al Plan Económico y Social 2026, reafirmando que no representan una desviación del socialismo, sino una evolución coherente con su desarrollo.

Las transformaciones buscan flexibilizar y dinamizar el sistema financiero cubano, al abrir espacio para la inversión privada, el emprendimiento y la innovación tecnológica. El reto será garantizar que estas transformaciones se implementen con eficacia y logren aliviar la crisis económica sin erosionar la legitimidad de los principios del proyecto socialista cubano.

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La Asamblea Nacional del Poder Popular, debatirá las recientes “Propuestas de Transformaciones Económicas y Sociales” presentadas recientemente en el país.

El primer ministro y miembro del Buró Político, Manuel Marrero Cruz, expone ante los diputados que, dadas las circunstancias históricas actuales, resulta imprescindible impulsar cambios profundos mediante la utilización de esfuerzos propios y recursos nacionales.

Las medidas contemplan la reconfiguración del entramado empresarial, una mayor apertura al capital privado y la incorporación de mecanismos de mercado como herramientas para lograr una asignación más eficiente de los recursos.

Al mismo tiempo, se subrayó que estas transformaciones no significan abandonar la responsabilidad social del Estado.

El primer ministro ratificó que las transformaciones económicas y sociales presentadas buscan reestructurar el sistema productivo, dar mayor autonomía a las empresas y los municipios; abrir espacios al capital privado y extranjero, y modernizar la gestión estatal sin abandonar el modelo socialista.

Como principales ejes de las transformaciones se esbozó:

• Autonomía empresarial: Se otorga más independencia a las empresas estatales para tomar decisiones, aumentar la productividad y gestionar recursos con menos trabas burocráticas.
• Apertura al capital privado: Se amplían las oportunidades para actores económicos no estatales, incluyendo cubanos residentes en el exterior con capacidad de inversión.
• Inversión extranjera: Se promueve la participación de capital foráneo en sectores estratégicos como agricultura, energía, turismo y comercio exterior.
• Reforma agrícola: Se busca dinamizar la producción de alimentos, al otorgar mayor flexibilidad a productores y municipios para gestionar proyectos locales.
• Transformación bancaria: Se plantea modernizar el sistema financiero para facilitar las operaciones, los créditos y la participación de distintos actores económicos.
• Gestión territorial: Los municipios ganan autonomía para atraer inversiones, coordinar exportaciones e impulsar proyectos productivos propios.
• Subsidios focalizados: Se reduce el peso de subsidios generales a productos, y se priorizan ayudas directas a personas y familias vulnerables.
• Mecanismos de mercado: Se reconoce el papel del mercado en la formación de precios y la asignación eficiente de recursos, aunque bajo regulación estatal.

Los objetivos estratégicos se orientan a preservar la Revolución y sus conquistas sociales como fundamento histórico y político, al tiempo que se busca reimpulsar la economía nacional en medio de la crisis energética y alimentaria. La prioridad es modernizar el sistema empresarial, reducir la burocracia y garantizar mayor eficiencia, mientras se fortalece la protección social para asegurar equidad en todos los sectores. Asimismo, se plantea consolidar la soberanía energética y digital como pilares de independencia y desarrollo sostenible. En este marco, resulta vital transformar el sistema de planificación para adecuarlo a los desafíos contemporáneos y garantizar una gestión más dinámica, transparente y participativa.

Manuel Marrero Cruz, primer ministro y miembro del Buró Político, dijo ante la Asamblea Nacional que las transformaciones anunciadas para los municipios y la agricultura en Cuba se centran en descentralizar la gestión y dinamizar la producción de alimentos, con el objetivo de dar más autonomía y eficiencia a los territorios. Las tierras seguirán siendo propiedad de todo el pueblo, lo que cambia es la gestión.

Transformaciones para los municipios

• Autonomía territorial: Los gobiernos locales reciben mayor capacidad de decisión para atraer inversiones, gestionar proyectos productivos y coordinar exportaciones.
• Gestión de recursos: Se les permite administrar directamente parte de los ingresos y destinarlos a prioridades locales.
• Iniciativas locales: Se fomenta la creación de proyectos comunitarios y cooperativos que generen empleo y producción.
• Participación ciudadana: Se busca involucrar a la población en la toma de decisiones sobre desarrollo económico y social.

Transformaciones para la agricultura

• Flexibilidad productiva: Los productores reciben más libertad para decidir qué sembrar y cómo comercializar sus productos.
• Incentivos a productores: Se promueven créditos, acceso a insumos y facilidades para modernizar la producción.
• Mercados locales: Se potencia la venta directa en los municipios, reduciendo intermediarios y burocracia.
• Inversión privada y extranjera: Se abre espacio a capital privado y foráneo en proyectos agrícolas estratégicos.
• Soberanía alimentaria: El objetivo central es garantizar el abastecimiento interno y reducir la dependencia de importaciones.

Estas trasformaciones buscan que los municipios sean motores de desarrollo local y que la agricultura se convierta en un sector más dinámico, con apoyo estatal pero también con mayor apertura a mecanismos de mercado.

(Noticia en Construcción)

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Según testigos, los agentes perseguían a un inmigrante indocumentado que llegó en automóvil con su familia. En videos difundidos en redes sociales se observa cómo los oficiales sacan a los padres del vehículo, arrestan a una mujer con las manos atadas y forcejean con un hombre en el suelo, mientras los niños gritaban aterrorizados. Educadores corrieron para proteger a los menores que estaban en el asiento trasero del SUV y los trasladaron al interior de la escuela. Posteriormente, los niños quedaron bajo custodia de una tía.

El Departamento de Seguridad Nacional identificó al detenido como Jesús Acevedo-Sánchez.

El operativo ocurrió alrededor de las 8:00 a.m., justo cuando las familias llegaban para la ceremonia de fin de curso. Padres y alumnos fueron testigos directos del arresto, lo que generó temor en la comunidad. “Los niños gritaban que los iban a llevar”, relató Jude Castellanos, conductora de transporte escolar que grabó parte del incidente.

Las reacciones no se hicieron esperar. El gobernador de Maryland, Wes Moore, calificó el hecho de “preocupante” y subrayó que las escuelas deben ser espacios seguros, no escenarios de operativos migratorios. El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, expresó su indignación y ofreció apoyo a la familia afectada y a la comunidad escolar. El director del centro, Marc Martin, envió una carta a los padres en la que manifestó su decepción y pidió garantías de que algo similar no vuelva a ocurrir.

El incidente ha reavivado el debate sobre los límites de las operaciones migratorias en espacios públicos sensibles. Padres y docentes denunciaron que el operativo generó miedo en los estudiantes y empañó un día que debía ser de celebración. Funcionarios locales y estatales han solicitado explicaciones formales y medidas para evitar que se repitan escenas similares en entornos escolares.

Contexto legal de operativos de ICE en escuelas

• Lugares sensibles: Históricamente, escuelas, hospitales e iglesias han sido considerados espacios donde ICE debía limitar sus acciones.
• Orden judicial obligatoria: Aunque la administración de Donald Trump eliminó protecciones en 2025, ICE sigue necesitando una orden judicial para ingresar a áreas privadas de las escuelas (aulas, oficinas). En espacios públicos como estacionamientos, sí puede actuar sin orden.
• Ejemplo en Nueva York: En 2026, la gobernadora Kathy Hochul firmó una ley que refuerza estas protecciones, prohibiendo operativos sin orden judicial en escuelas, hospitales y casas de culto.

Otras reacciones políticas

• Senador estatal Bill Ferguson: describió el operativo como “inconcebible” y denunció el impacto emocional en los estudiantes.
• Autoridades educativas de Maryland: recordaron que ICE había prometido no realizar operativos en escuelas, lo que genera dudas sobre el cumplimiento de compromisos previos.

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Asimismo, coincidieron en la necesidad de profundizar las discusiones para actualizar el marco jurídico bilateral en materia comercial, además de reconocer progresos en áreas como salud, turismo, gobernanza pública y el fortalecimiento del sector científico, tecnológico e innovador. Ambos mandatarios reafirmaron su compromiso con el multilateralismo, el derecho internacional, la democracia y la no injerencia, y expresaron su posición conjunta a favor de levantar el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, y manifestaron preocupación por la situación humanitaria en el país caribeño como resultado de la aplicación de esa hostil política de Washington.

Lula y Sheinbaum instruyeron a sus cancillerías a organizar próximamente la VI Reunión de la Comisión Binacional México-Brasil, principal mecanismo de cooperación y diálogo político, con el objetivo de concretar las iniciativas en curso. De igual manera, reiteraron el respaldo de México y Brasil a la candidatura de Michelle Bachelet como futura secretaria general de Naciones Unidas.

Ambos países, considerados socios estratégicos en América Latina y el Caribe, destacan por su peso demográfico, económico y proyección internacional, lo que los convierte en motores de integración regional y prosperidad compartida.

El presidente Lula transmitió a la presidenta Sheinbaum sus mejores deseos para el éxito de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá a México como uno de los tres países sede.

Contexto actual de la relación México-Brasil

La presidenta mexicana y el presidente brasileño han sostenido reuniones virtuales y conversaciones telefónicas para revisar avances en compromisos bilaterales.

Está prevista una visita de Sheinbaum a Brasil en 2026, lo que refleja la importancia estratégica que ambos gobiernos otorgan a la relación.

La Comisión Binacional México-Brasil y subcomisiones temáticas (como la de Asuntos Multilaterales) funcionan como espacios de coordinación y seguimiento.

Existen áreas de cooperación destacadas como:

• Energía: Se discute la colaboración en biocombustibles y la posible firma de acuerdos entre Pemex y Petrobras.
• Comercio: Ambos gobiernos buscan actualizar el marco jurídico bilateral y ampliar cadenas de valor industriales y tecnológicas.
• Ciencia y tecnología: Se promueve la cooperación en innovación, educación y proyectos científicos conjuntos.
• Salud y turismo: Se reconocen avances en colaboración en salud pública y promoción turística.
• Multilateralismo: México y Brasil defienden el derecho internacional, la democracia y la no injerencia, además de respaldar la candidatura de Michelle Bachelet para la ONU.

México y Brasil son las dos economías más grandes de América Latina, con un comercio bilateral que supera los 10 mil millones de dólares anuales. Su cooperación impulsa la estabilidad política y la prosperidad compartida en la región. Ambos países coordinan posiciones en temas globales como cambio climático, seguridad alimentaria, desarme nuclear y derechos humanos

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El Brent, referencia internacional, avanzó un 0,9% y cerró en 92,30 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), indicador estadounidense, subió un 1% hasta 89,04 dólares.

La reacción de los mercados refleja la preocupación por el impacto que la escalada militar podría tener en el flujo de petróleo a través de Ormuz, vital para el suministro mundial.

Antes del inicio de la guerra, a finales de febrero, el Brent rondaba los 70 dólares por barril. Desde entonces, la volatilidad se ha intensificado por los riesgos de desabastecimiento y las dificultades para garantizar la libre circulación de embarcaciones en esa zona.

La tensión se disparó tras los ataques ejecutados por el ejército estadounidense en la madrugada del miércoles, luego del choque de un helicóptero militar cerca del estrecho.

Desde Teherán, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) confirmó el lanzamiento de misiles y drones contra objetivos estadounidenses en la región.

La nueva ofensiva incrementó las dudas sobre una salida duradera al conflicto y elevó la inquietud de los inversores ante el riesgo de que una prolongación de la guerra afecte aún más al comercio energético global.

El encarecimiento del crudo se convirtió nuevamente en foco de atención, en paralelo a la expectativa por los próximos datos de inflación en Estados Unidos. Un escenario de precios elevados podría trasladarse a los costos de producción y consumo, lo cual complica las perspectivas económicas internacionales.

Mientras tanto, las bolsas asiáticas cerraron con pérdidas, golpeadas por la incertidumbre geopolítica y una nueva ola de ventas en el sector tecnológico. En Corea del Sur, el Kospi retrocedió un 4,7% hasta los 7.720,59 puntos, con caídas de Samsung Electronics (-5,8%) y SK Hynix (-6,3%). En Japón, el Nikkei 225 bajó un 1,4% hasta los 64.524,84 puntos, presionado por un alza del 6,3% en los precios al productor en mayo, el mayor ritmo en tres años. Las acciones de SoftBank Group se desplomaron un 8,9%, mientras que Tokyo Electron avanzó un 5,3%.

En Hong Kong, el Hang Seng perdió un 1,1%, y el índice compuesto de Shanghái descendió un 0,7%. En China, los precios al productor crecieron un 3,9% interanual en mayo, cerca de su máximo en cuatro años.

Australia logró escapar parcialmente de la tendencia negativa: el S&P/ASX 200 subió un 0,2%. En contraste, el Taiex de Taiwán cayó un 1,6%. En India, el Sensex registró una ganancia del 0,6%.

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Los primeros votos en contarse fueron los de Lima, la capital, donde Fujimori arrasó. A medida que han llegado las actas de las zonas rurales andinas y amazónicas, los simpatizantes de Sánchez, la diferencia se ha ido invirtiendo décima a décima.

La evolución del conteo recuerda lo ocurrido en la segunda vuelta de 2021, cuando Pedro Castillo terminó imponiéndose a Keiko Fujimori tras el ingreso progresivo de los votos rurales, tradicionalmente más favorables a la izquierda, que redujeron la ventaja inicial de la candidata conservadora reflejada en los sondeos y en los primeros resultados oficiales.

En esta ocasión aún falta contabilizar miles de sufragios provenientes de zonas rurales de difícil acceso, así como el voto emitido en el extranjero, un segmento que históricamente ha mostrado mayor inclinación hacia el fujimorismo y que podría incidir en el desenlace final.

El voto exterior representa cerca de 3.000 actas electorales, de las cuales hasta ahora solo se ha procesado una fracción mínima. Según informó la Cancillería peruana, todas las actas estarán disponibles el miércoles, ya que provienen de 73 países distintos.

Mientras Fujimori logró un contundente 66 % en Lima, que concentra un tercio del electorado nacional, Sánchez mantuvo su predominio en el sur rural, donde obtuvo el 56 % de los votos. El mapa electoral muestra continuidad: capital y urbe para Fujimori, periferia y campo para Sánchez. Sin embargo, lo que debería ser una radiografía clara de preferencias se convierte en un espejo de la fractura nacional.

La segunda vuelta reduce la complejidad política a un dilema binario. Como en 2021, la sociedad peruana no es intrínsecamente polarizada: la mayoría de los ciudadanos se ubica cerca del centro ideológico. Pero las reglas de competencia empujan a elegir entre opciones que muchos perciben como extremas. La polarización no nace de la ciudadanía, sino de la propia dinámica institucional y política, que organiza la campaña en torno a los rechazos más que a los consensos.

Tras 35 candidaturas presidenciales, una campaña hiperfragmentada y décadas de crisis política, el sistema vuelve a desembocar en el mismo dilema. La pregunta central no es quién ganará, sino por qué las reglas siguen produciendo resultados tan similares y tan poco satisfactorios.

En medio de la tensión, Sánchez escribió en sus redes sociales que aguardaba los resultados con “calma, paciencia y confianza en la voluntad del pueblo”.

Más datos

Más de 27 millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas para elegir al noveno mandatario en apenas una década el domingo.

Los electores debían decidir entre dos figuras situadas en polos opuestos del espectro ideológico: Keiko Fujimori, de 51 años, representante de la derecha con el partido Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de 57, candidato de izquierda por Juntos por el Perú.

El conteo rápido difundido la noche del domingo por Ipsos y la ONG Transparencia ya anticipaba un empate técnico, con ligera ventaja para Sánchez (50,3 % frente a 49,7 %). Este método, basado en una muestra de más de 1.000 mesas electorales en todo el país, ha sido históricamente un indicador confiable del desenlace electoral.

Los sondeos a boca de urna también reflejaron un escenario muy ajustado.

Estos comicios se siguen con especial atención debido a los problemas logísticos y denuncias de fraude en la primera vuelta del 12 de abril, cuyos resultados tardaron un mes en oficializarse.

Dada la estrechez de la competencia, se prevé que el recuento pudiera prolongarse durante varios días o incluso semanas. De hecho, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que los resultados definitivos no estarán listos hasta mediados de julio, poco antes de la transferencia de mando. Según explicó la vocera del JNE, Grecia Rentería, la demora se debe a la implementación de un nuevo proceso obligatorio de revisión en las mesas impugnadas o con observaciones, lo que retrasa la certificación del 100 % de las cifras.

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Por su parte, las autoridades japonesas reportaron olas de tsunami de hasta 1 metro de altura podrían alcanzar las islas de Okinawa, al sur del país, y las prefecturas situadas a lo largo de la costa del Pacífico a las 11:00 hora local.

El terremoto en Filipinas

Filipinas es uno de los países más propensos a sufrir terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, un arco de fallas sísmicas que rodea el océano.

Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacudió la zona frente a las costas del sur de ese país, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Hasta el momento, el número de muertos asciende a 15 y el de heridos a 129, según la Oficina de Defensa Civil de Filipinas.

Según Rodrigo Sosmeña, el director local de defensa civil, 12 de las víctimas mortales se reportaron en Soccsksargen, una región que abarca cuatro provincias y una ciudad: Cotabato Sur, Sultan Kudarat, Sarangani y Ciudad General Santos.

Se han registrado múltiples réplicas desde el sismo inicial que oscilan entre magnitudes de 1,3 y 6,7.

Las clases fueron suspendidas y «los organismos filipinos de protección civil y gestión de desastres están coordinando su respuesta ante la catástrofe», afirmó Marcos en su comunicado.

El sismo coincidió con el inicio del nuevo curso escolar, y videos en redes sociales captaron a niños de primaria refugiándose al aire libre mientras el suelo se sacudía violentamente en Davao Occidental. En otra escuela de Davao del Sur, el techo de un campus se desplomó mientras los estudiantes esperaban en el campo deportivo, aunque no hubo heridos.

La provincia de Sarangani, con unos 580.000 habitantes, fue una de las más golpeadas. El jefe policial de Alabel, Benjie Ancheta, relató que el edificio de la comisaría sufrió grietas durante la ceremonia de izamiento de bandera.

Filipinas, junto con Indonesia y Japón, se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica.

Este evento recuerda la vulnerabilidad de la región, ya que Filipinas, Indonesia y Japón forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una amplia zona geológica que concentra alrededor del 90% de la actividad sísmica del planeta. Se distingue por la constante interacción de diversas placas tectónicas, un proceso que provoca numerosos terremotos, una marcada actividad volcánica y otros fenómenos naturales de gran intensidad.

Más del sismo

El terremoto se produjo a las 7:37 de la mañana, hora local, frente a la isla de Mindanao.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) informó en un primer momento que la magnitud era de 7,0 y que el epicentro se encontraba frente a la provincia de Sarangani, a unos 10 kilómetros de profundidad. Posteriormente, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) corrigió la cifra y elevó la magnitud a 7,8, situando el epicentro en el mar cercano a Mindanao, a 35 kilómetros bajo el lecho marino.

El impacto más severo se registró en General Santos, donde varios edificios sufrieron daños estructurales y algunos se desplomaron por completo. Equipos de emergencia y fuerzas de seguridad se movilizaron para asistir a los afectados y participar en las labores de rescate. “Muchos edificios fueron afectados, pero no puedo enumerarlos ahora porque estamos ocupados con los rescates”, declaró el sargento Robert Dagon, de la policía local, quien confirmó que tanto inmuebles como viviendas colapsaron.

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Sánchez, quien fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo, ha construido su discurso alrededor de la necesidad de una nueva Constitución. Propone convocar a una Asamblea Constituyente que sustituya la Carta Magna de 1993, con el objetivo de instaurar un Estado plurinacional y democrático. Esta bandera lo ha posicionado como referente de sectores populares que demandan mayor inclusión y soberanía.

En el plano económico, el candidato plantea revisar los Tratados de Libre Comercio y renegociar concesiones estratégicas, bajo la premisa de recuperar la autonomía nacional. A ello se suma un programa social que promete educación superior gratuita y un sistema de salud fortalecido, con énfasis en la atención primaria. En materia de seguridad, su propuesta se centra en combatir el crimen organizado y la violencia urbana, fenómenos que preocupan a la ciudadanía.

Varios sectores han tratado de deslegitimar a Sánchez con investigaciones fiscales por presunto fraude en aportes de campaña y supuesta falsificación de documentos entre 2018 y 2020. La defensa del candidato afirma que el delito fue archivado por el Poder Judicial tras varios años de investigación. Señala que la acusación actual se basa en “formalismos administrativos” y que no existen pruebas de apropiación personal de fondos. Añade que la Fiscalía no ha demostrado desvío de dinero hacia gastos privados.

Además, su cercanía con Pedro Castillo y la posibilidad de un eventual indulto al expresidente generan rechazo en sectores derechistas de la nación.

En la primera vuelta electoral del 12 de abril, Sánchez logró el segundo lugar con alrededor del 12 % de los votos, y aseguró su pase al balotaje frente a la derechista Keiko Fujimori.

Los sondeos más recientes lo ubican detrás de su rival, aunque con una diferencia estrecha, mientras que el voto indeciso y en blanco supera el 20 %. Este escenario convierte a la segunda vuelta del 7 de junio en un desafío crucial para su candidatura.

El desenlace de la contienda dependerá de la capacidad de Sánchez para ampliar su base más allá del electorado de izquierda y disipar las dudas sobre su credibilidad.

Del contexto político peruano:

• Alta inestabilidad institucional: en la última década, Perú ha tenido múltiples presidentes que no lograron completar sus mandatos, debilitando la confianza en las instituciones.
• Proceso electoral polarizado: la segunda vuelta presidencial enfrenta a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), en un clima de tensión y acusaciones de irregularidades.
• Desconfianza ciudadana: gran parte de la población cuestiona la transparencia del sistema electoral, lo que aumenta la incertidumbre política.
• Crisis institucional: La sucesión de presidentes destituidos o renunciantes ha erosionado la gobernabilidad.
• Conflictos sociales: Protestas recurrentes por temas ambientales, laborales y de representación política.
• El clima general se percibe como inestable (40 %), aunque un sector habla de estabilidad (31 %) y optimismo (16 %).

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La nueva normativa, anunciada el viernes por las autoridades migratorias, establece que los solicitantes deberán regresar a sus países de origen para gestionar la visa de residencia. Este giro en la política migratoria afectará a una amplia franja de inmigrantes legales, obligándolos a abandonar el país, separarse de sus familias, dejar sus empleos y desestabilizar comunidades enteras. El proceso de obtención de la mencionada tarjeta ya es conocido por su complejidad y puede extenderse durante meses o incluso años.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración aclaró que habrá excepciones en casos de “circunstancias extraordinarias”, según explicó su portavoz Zach Kahler. “Cuando los extranjeros solicitan desde su país, se reduce la necesidad de localizar y expulsar a quienes deciden quedarse ilegalmente tras serles denegada la residencia”, añadió.

En el año fiscal 2024, alrededor de 1,4 millones de personas obtuvieron la residencia permanente, según datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional. La nueva regla, sin embargo, ya enfrenta fuertes críticas y posibles demandas judiciales. Legisladores, abogados y defensores de inmigrantes han calificado la medida de cruel y contraproducente. La congresista Delia C. Ramírez pidió incluso desmantelar el DHS “pieza por pieza”, mientras que Greg Stanton advirtió que expulsar a solicitantes antes de completar el proceso privará al país de innovación, impuestos y aportes económicos.

David J. Bier, del Cato Institute, tachó la política de “ilógica”, señalando que podría empujar a profesionales talentosos hacia otros países y restar competitividad a Estados Unidos.

Aunque la administración Trump ha priorizado la lucha contra la inmigración ilegal, esta disposición se suma a otras acciones que también restringen vías legales: reducción de solicitudes de asilo, eliminación del estatus de protección temporal para varios países, suspensión de la admisión de refugiados salvo sudafricanos blancos, y limitaciones en visas de trabajo y estudio.

Tras el tiroteo del año pasado en Washington, donde murieron dos soldados de la Guardia Nacional, el Gobierno anunció además una revisión de las “green cards” otorgadas a ciudadanos de 19 países considerados “de preocupación”. No obstante, el atacante era un solicitante de asilo afgano, un proceso distinto al de la residencia permanente, iniciado en 2021 y aprobado en 2025.

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En sus canales oficiales, el comando detalló que el grupo incluye al Ala Aérea Embarcada 17, el destructor USS Gridley y el buque de apoyo USNS Patuxent.

El comunicado subrayó que “el objetivo principal es fortalecer la cooperación marítima y la interoperabilidad con naciones aliadas de la región”.

La operación contempla ejercicios navales, visitas a puertos y maniobras conjuntas con fuerzas militares de varios países latinoamericanos y caribeños.

En semanas recientes, el USS Nimitz operó en el Atlántico Sur, y participó en entrenamientos con las armadas de Brasil y Argentina, además de realizar visitas estratégicas en Río de Janeiro y otras localidades. Este portaaviones nuclear, en servicio desde 1975, se encuentra en una de sus últimas misiones antes de ser retirado definitivamente.

La llegada del USS Nimitz al Caribe coincide con una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro, junto con otras cinco personas que Washington relaciona con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

El actual despliegue recuerda al realizado contra Venezuela con el portaaviones USS Gerald Ford, que sirvió como demostración de fuerza antes de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

La postura de Rusia

Moscú rechazó públicamente la presión ejercida por Estados Unidos sobre Cuba y reafirmó su apoyo total a La Habana. Según RT, la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, denunció en rueda de prensa que La Habana continúa sometida a una “severa presión económica” por parte de Washington.

Según explicó, las nuevas restricciones impuestas a comienzos de mayo contra empresas que mantienen vínculos con Cuba forman parte de la estrategia estadounidense de asfixiar económicamente al país caribeño. Moscú, subrayó, mantiene su solidaridad plena con el Gobierno cubano frente a estas medidas.

Zajárova, calificó la política de Washington como “una cínica reedición de la doctrina Monroe”.

Zajárova añadió que los intentos de la Casa Blanca por endurecer el cerco de sanciones, sumados al bloqueo comercial, financiero, humanitario y más recientemente energético, reflejan la intolerancia de Washington hacia cualquier voz diferente.

El contexto de esas declaraciones se enmarca además en la orden ejecutiva firmada el 29 de enero por Donald Trump, que declaró una “emergencia nacional” al considerar a Cuba una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad estadounidense. El documento acusa al Gobierno cubano de supuestamente colaborar con países hostiles, albergar grupos terroristas y permitir la presencia de capacidades militares rusas y chinas, todo ello sin aportar pruebas que demuestren esas acusaciones contra la nación caribeña.

El rechazo de China

China expresó su rechazo a las acusaciones de Estados Unidos contra el líder de la Revolución, Raúl Castro y pidió a Washington que deje de amenazar a Cuba “con el uso de la fuerza”.

Según RT, durante una rueda de prensa este jueves, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, afirmó que Beijing se opone de manera categórica a las sanciones unilaterales que carecen de respaldo en el derecho internacional y no cuentan con la aprobación del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU). También denunció lo que calificó como “manipulación abusiva de los procedimientos judiciales”.

En ese contexto, el vocero instó a Estados Unidos a cesar las amenazas de sanciones y procesos judiciales contra la mayor de Las Antillas, y a abandonar la práctica de recurrir a la fuerza en cada ocasión.

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