Desde hace un tiempo hacia acá, y tras las enseñanzas que dejó el enfrentamiento a la COVID-19, se emprendió el perfeccionamiento de las plantillas de trabajadores de las unidades presupuestadas. Esto quiere decir que se desencadenó un proceso en el que quedarían definidos con mayor exactitud los contenidos inherentes a cada puesto labor para favorecer la evaluación del desempeño y poder medir realmente las posibilidades de cada puesto de trabajo.
Aun así, el problema no está totalmente resuelto y a pesar de que no se crece en las cifras de plazas en las unidades presupuestadas, no todos los centros de trabajo han tenido el mismo rigor en esa evaluación y donde debían existir tres hay cuatro o más emplantillados.
¿La consecuencia? Menos contenidos para hacer y la posibilidad no solo de que no se cubra el tiempo de trabajo establecido, sino que en innumerables casos da la posibilidad de que los trabajadores deambulen por las calles para resolver otros problemas, o se dediquen a ir al agro o las tiendas cuando en realidad debían estar aportando. En pocas palabras, no se aprecia un uso eficiente de la fuerza de trabajo. Es una realidad.
Eso pasa porque, entre otras causas, es evidente que no se ha realizado un trabajo a profundidad para diagnosticar los contenidos que corresponden a cada puesto de trabajo, o se desvirtúa lo que debe hacerse. Cuando se trabaja así, el país va acumulando cada vez más trabajadores indirectos que si bien son necesarios en muchas actividades, un desequilibrio en este sentido conlleva a la posibilidad de producir menos, aportar menos recursos materiales, bienes o brindar servicios limitados, en un escenario en el que lo primero y más importante es producir y producir, para atenuar los niveles de inflación a partir de crear mayores ofertas.
Se trata de limitar los gastos de las unidades presupuestadas, so pena que los trabajadores llamados indirectos, su remuneración la asume el presupuesto del Estado que también tiene entre sus misiones cubrir los gastos sociales y a seguridad social.
En una de las líneas estratégicas que debe potenciarse durante el 2023, incluso, porque cuando se habla de la autonomía de los municipios y la subordinación de la entidades que actúan en su espacio geográfico, la mirada está puesta en que muchas de las empresas enmarcadas en estos territorios pasen a ser directamente subordinadas a los gobiernos locales para potenciar un verdadero desarrollo en esos lugares.
El vice primer ministro, Alejandro Gil Fernández, afirmaba hace más de un año al referirse a las unidades presupuestadas estatales que “no se trata de reducir ni congelar plantillas, sino de que cada entidad realice un análisis sobre cuál es el personal imprescindible para garantizar la eficacia en la prestación de servicios”.
Aunque algunas lo han hecho bien, todavía otras tienen reservas para seguir perfeccionando su labor. Y de eso se trata.