El juicio contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, llegará este martes a su fin en un ambiente de alta tensión política, con la misma acusada teniendo la certeza de que la van a declarar culpable de corrupción, por la parcialidad de los jueces y fiscales que participaron en el proceso contra ella.
Fernández de Kicher está acusada de haber encabezado una asociación ilícita que durante sus dos gobiernos, entre el 2007y el 2015, así como el de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner, desvió millonarios fondos de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez, quien luego se los devolvía como sobornos disimulados en el pago de alquileres.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una pena de 12 años de prisión en contra de Fernández de Kichner, además de su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y el decomiso de bienes.
Pero Fernández de Kichner aseguró que todo lo que se ha dicho en su contra es una absoluta mentira, denunció la violación de todas las garantías constitucionales y afirmó en varias ocasiones que la condena ya estaba escrita de antemano.
Además, Fernández de Kichner calificó al tribunal como un pelotón de fusilamiento que solo va a concretar el lawfare o guerra judicial en su contra, en referencia a la persecución de jueces que buscan proscribirla.
De acuerdo con las versiones periodísticas publicadas en la prensa en los últimos días, Fernández de Kirchner podría ser condenada a un máximo de seis años de prisión por el delito de defraudación, y exonerada del cargo del asociación ilícita, que prevé una pena de 10 años.
Más allá de la condena que se le imponga, no hay ninguna posibilidad de que Fernández de Kirchner vaya presa; primero, porque gracias a su cargo como vicepresidenta, cuenta con inmunidad y primero debería enfrentar un juicio político de destitución.
Además, sus abogados apelarán cualquier sentencia de culpabilidad, por lo que la decisión deberá pasar por su análisis antes de llegar a la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra, y ese proceso puede demorar varios años.
Otro motivo por el que no iría a la cárcel es que la expresidenta cumplirá 70 años en febrero próximo y la ley le otorga el beneficio de la prisión domiciliaria a partir de esa edad.
Entre tanto, el ambiente político se enrareció todavía más en Argentina porque el fin de semana se filtraron diálogos entre jueces, funcionarios y empresarios de la prensa, quienes trataron de mantener en secreto el lujoso viaje que realizaron juntos a una lujosa propiedad del magnate británico Joe Lewis, quien tiene grandes extensiones de tierra en la Patagonia.
Los audios y chats filtrados confirman que el grupo acordó dar a conocer que cada uno había pagado su viaje y no el Grupo Clarín, el principal conglomerado empresarial argentino, opositor al kirchnerismo. Ese viaje se considera ya como uno de los mayores escándalos institucionales de la historia argentina, al demostrar la connivencia de los poderes judicial, mediático y político.
Uno de los viajeros es precisamente el juez Julián Ercolini, quien armó sin pruebas la causa contra Cristina Fernández de Kirchner, y aparece ahora en los chats filtrados incitando a sus socios a buscar facturas falsas e inventar coartadas que justifiquen la reunión secreta en la Patagonia.
Para el ministro de justicia argentino, Martín Soria, esos chats constituyen la radiografía precisa de la podredumbre del lawfare o guerra judicial en la Argentina, en referencia a la persecución judicial que desde hace años ha denunciado Cristina Fernández y que consiste en el armado espurio de causas con el único fin de proscribirla.
Soria remarcó que es una muestra exacta de cómo la Justicia, los medios y el entorno del ex presidente derechista, Mauricio Macri, le atan las manos a la democracia, pues quienes deben impartir justicia no hacen más que conspirar por su propia impunidad y la de sus socios, además de perseguir al movimiento peronista.
El ministro de justicia aseguró que los implicados podrían ser imputados de delitos que van desde las dádivas, el tráfico de influencias y el encubrimiento, hasta la falsificación de documentos y prevaricato.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ya instruyó al ministro de Justicia, Martín Soria, a que acuda a la fiscalía a solicitar una investigación penal por el viaje que confirmó la escandalosa connivencia entre algunos jueces, exagentes de inteligencia, empresarios de medios de prensa y funcionarios del gobierno de Buenos Aires.