El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en la capital Lima, debido a las protestas contra la presidenta designada Dina Boluarte que en las últimas semanas cobraron al menos 42 vidas.
La medida, que entró en vigor ayer, estará vigente por 30 días y autoriza al Ejército a intervenir para mantener el orden.
En el decreto emitido en la noche del sábado también se declara el estado de emergencia en las regiones de Cusco y Puno, así como en el puerto del Callao, contiguo a la capital.
Además hay restricciones en las provincias de Andahuaylas, Tampopara y Tahuamanu, Mariscal Nieto y el en distrito de Torata así como en cinco carreteras nacionales.
También, se decretó la «inmovilización social obligatoria» en la región de Puno durante 10 días, lo que implica que los habitantes de esa zona deberán estar confinados en sus domicilios entre las 8 de la tarde y las 4 de la madrugada.
Alrededor de unos 3 mil manifestantes en la provincia de Andahuaylas, región Apurímac, se alistan desde hoy para viajar a Lima y continuar con su protesta en contra del gobierno de Dina Boluarte. En la ciudad hubo siete fallecidos durante las manifestaciones de diciembre.
Una de las personas que viajará a la capital es el señor Belisario Rodríguez, quien dijo a RPP Noticias que realizaron una colecta durante varios días para recaudar dinero, a fin de cubrir sus viáticos.
Rodríguez también señaló que en Andahuaylas se organizan preparando una relación de los pobladores de diferentes comunidades quienes en sus camiones y vehículos salieron esta tarde hacia la ciudad de Lima.
La ciudad se encuentra paralizada y los negocios están cerrados. Asimismo, la vía nacional en Champaccocha, que comunica Andahuaylas con la provincia de Abancay, se encuentra bloqueada por 12 días y en Chincheros desde hace una semana se impide también el paso de vehículos.
La Fiscalía de la Nación informó que hasta el momento se ha abierto 8 investigaciones fiscales por las muertes a consecuencia de las manifestaciones «con lo cual se determinará a los responsables de la pérdida de estas vidas humanas».
El Ministerio Público también registró la detención de 329 ciudadanos, entre ellos un menor de edad, a quienes se les investiga por los presuntos delitos contra la administración pública, disturbios, violencia, resistencia a la autoridad y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.
El excongresista Richard Arce consideró que el reinicio de protestas en varias regiones del país tiene un «aprovechamiento político» y aseguró que la solución política es responsabilidad del Congreso.
Arce concedió una entrevista a RPP Noticias, donde sostuvo que hay «problemas subyacentes» a las demandas sociales en las protestas debido a la desatención del Estado.
Evidentemente hay problemas subyacentes a las demandas sociales, que es en realidad problemas estructurales de desatención, sobre todo de la ausencia del Estado. Estoy en Abancay y converso con la gente y por ejemplo esta posibilidad de participar en espacios de medios de comunicación y políticos hace que la gente se exprese con mucha sinceridad de esta falta de capacidad de atender estas múltiples demandas postergadas históricamente, dijo.