Oscar Manuel Silvera Martínez, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), visitó las sedes de los tribunales municipales populares San Miguel del Padrón y Arroyo Naranjo, acompañado por Yuleidis Rivero y Ludmila Collazo, vicepresidentas del Tribunal Provincial Popular de La Habana.
Durante el encuentro Silvera Martínez constató el compromiso de los colectivos laborales, recorrió las instalaciones de los tribunales, apreció las condiciones laborales y el desarrollo de los procesos judiciales, como el control efectivo de sancionados: ubicación laboral y cumplimiento de responsabilidad civil, y sin asuntos acumulados ni demorados en ninguna materia.
Trascendió como reto, el completamiento de personal asistencial y adaptación a transformaciones económicas y sociales, el Proyecto «Mi barrio cuenta conmigo» como vía de inserción comunitaria y el fortalecimiento del trabajo en red con instituciones municipales.
El Presidente del Tribunal Supremo Popular en el intercambio subrayó la importancia de ejecutar tareas de impacto, articuladas a nivel de Consejo Popular según sus propias iniciativas y necesidades, sin perder de vista las prioridades municipales. Este enfoque —señaló— incrementa el control sobre quiénes participan y cómo lo hacen, además de lograr un mayor alcance y un efecto favorable para la población.
Insistió en la necesidad de mantener y fortalecer los vínculos con el entorno, potenciando la interacción de los tribunales populares con los vecinos, cooperando en todo lo posible y generando relaciones de colaboración, solidaridad y camaradería.
«Debemos potenciar los valores y, en especial, la unidad».
En ese sentido, enfatizó el titular que el objetivo es lograr que los sancionados no participen en actividades ilícitas y, muy particularmente, que influyan positivamente en los jóvenes para conducirlos hacia buenos comportamientos y alejarlos de conductas transgresoras.
«Las personas conscientes del error que han cometido tienen muchas potencialidades para educar a quienes los rodean».
La visita se inscribe en el acompañamiento sistemático de las máximas autoridades judiciales a los órganos de base, como parte de las acciones dirigidas a perfeccionar la administración de justicia y elevar la satisfacción ciudadana en sus relaciones con los tribunales.
